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El fiscal de la unidad de Delitos Económicos, Luis Piñánez, presentó acusación contra Rafael Filizzola y otros funcionarios por lesión de confianza. Según indica el escrito de acusación,Filizzola Serra aprobó en su carácter de ministro del Interior por Resolución N° 449 del 15 de octubre de 2010 la construcción de celdas en 24 comisarías del área metropolitana.
El escrito indica que las construcciones se hicieron “sin que existiera una necesidad ni un pedido de los responsables de las áreas afectadas que avalen la construcción de las mismas e igualmente sin un estudio técnico con relevamiento de datos de cada comisaría”. Esto se sustenta en las declaración testimonial de la fiscal de Obras, Carmen Romero.
Ante la negativa o sugerencias de los comisarios de no construir una nueva celda, en vista a que necesitaban simplemente remodelar las ya existentes, se procedió igualmente a la construcción de estas. En algunos casos se construyeron frente al comedor, las habitaciones del personal policial, en medio del patio o en el fondo de la comisaría lindando con la calle, según las declaraciones testimoniales de los comisarios Genaro Barreto, Norman Ovando, Adriano Solano Mineur, Nicasio Villalba y Federico Vázquez, quienes se desempeñaron como jefes en las respectivas comisarías.
Estando en conocimiento de que las obras no podían ser cumplidas en el periodo fiscal 2010, aún así Rafael Filizzola, dispuso que las obligaciones de pagos sean generados en su totalidad dentro de ese mismo periodo fiscal. En total violación a la Ley 1535/99 “De Administración Financiera del Estado” que en su Art. 22 establece que: El cumplimiento de las obligaciones financieras será simultáneo a la incorporación de bienes y servicios.
Ocasionando así un perjuicio patrimonial al Ministerio del Interior de Gs. 408.112.313, en base a la diferencia que se desprende entre el monto abonado por el Ministerio al contratista y el valor de las obras ejecutadas por este.
A pesar de ello omitió solicitar información sobre el avance de las obras, que finalmente para el 2 de mayo del 2011 no fueron concluidas, fecha en la que inclusive vencieron las pólizas de fiel cumplimiento de contrato. Constituyéndose un perjuicio patrimonial al Ministerio del Interior de Gs 565.906.250 monto que se desprende de ambas pólizas, que se encontraban vigentes.
Rafael Filizzola, Aníbal Muñez, Juan Diego Fernández y Fernando Sakoda, en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades propias del cargo, “tenían la posición de garante, por ende la obligación de proteger el patrimonio del Ministerio del Interior, cuestión que no se dio en la utilización del dinero público para obras que finalmente no se realizaron”, indica el Fiscal.