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De acuerdo a la investigación, Sánchez, exvendedor de Insur SA, hizo firmar pagarés a 42 profesores -los denunciantes- como parte de operaciones comerciales realizadas con la citada empresa. Luego, entregó dichos compromisos de pago a la abogada Martha Manzoni, también procesada, para su cobro vía judicial.
La abogada ejecutó dichos pagarés a pesar de la no existencia de deuda alguna por parte de los maestros. El daño al patrimonio de los docentes es de más de G. 53 millones. A cada docente se le embargó la suma de G. 7.645.000, sin motivo alguno.
Las declaraciones de las víctimas evidencian que no tienen ninguna obligación con el acusado, es decir, no le deben suma de dinero alguna y aluden que son clientes de la empresa Insur SA.