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La fundamentación de la acusación contra Enrique Salyn Buzarquis, indica que el entonces ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), según decreto N° 9143 de fecha 25 de junio 2012, firmó acuerdo entre la cartera de Obras y la empresa Italiana ANAS S.P.A (Anas International Enterprise S.P.A), representado por el presidente de la empresa Pietro Ciucci, además de celebrar dos convenios específicos.
“De esa manera el hoy acusado obligó al Estado Paraguayo (MOPC) por la suma de 500.000 dólares para la realización de trabajos en el Chaco, contraprestación a cargo del MOPC, y 100.000 dólares en el departamento de Ñeembucú, contraprestación a cargo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), a pesar de que dichos estudios ya fueron realizados con anterioridad conforme al informe del Departamento de Viabilidad del MOPC”, explica el documento.
El texto argumenta que el exministro Salyn Buzarquis no contaba con autorización del Poder Ejecutivo para comprometer fondos del Estado paraguayo, que además ni siquiera estaba presupuestado, conforme se desprende del memorándum de fecha 16 de enero del 2012.
La fiscala Acuña manifiesta que el extitular de Obras contaba con una autorización para viajar a la ciudad de Roma-Italia, según un escrito de fecha 26 de setiembre del 2012. Es decir, Salyn Buzarquis no estaba autorizado para comprometer el patrimonio del Ministerio de Obras a través de un convenio entre dos entidades (MOPC Y ANAS S.P.S), firmados en Roma, Italia, el 24 de setiembre del 2012. Tampoco contaba con autorización de la EBY para comprometer sus fondos, acota la acusación.
Según la fiscala, el exministro estaba obligado a no solo administrar, sino proteger el patrimonio del MOPC. Sostiene se celebró el convenio entre ambas entidades, pese a que ya existían estudios de suelo del territorio del Chaco al momento de celebrarse el acuerdo con la empresa ANAS, “por ende no existía necesidad que justificara generar una nueva obligación pecuniaria, causando un perjuicio patrimonial de que asciende a la suma total de US$ 600.000”, concluye el documento de la acusación.