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El pedido formal de extradición expresa que los imputados “huyeron clandestinamente a pesar de tener todas las garantías procesales” y además solicita que en el momento de la detención se les incauten sus bienes, como sus teléfonos celulares, informó Perla Silguero, periodista de ABC Color.
Los militantes liberales están procesados por el supuesto hecho punible de fabricación ilícita -por elaboración de bombas molotov-, tipificado en la Ley de Armas con una pena de hasta 10 años de cárcel.
Recientemente, se informó que los procesados por este caso y por los disturbios de aquella noche ya contaban con cédula de identidad uruguaya y se tramitaba su acceso a un puesto de trabajo.
De momento, solo Stiben Patrón es el único detenido por el caso de las supuestas bombas. Dirigentes del PLRA consideran que se trata de un preso político y afirman que lo que tenían los procesados eran botellas de vinagre para socorrer a los afectados por gases lacrimógenos lanzados en las protestas.
El caso fue denunciado ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del Sur por la senadora del Parlasur, Mirta Palacios.