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Marlene Ocampos, gobernadora del Alto Paraguay, se reunió en la tarde de hoy con Roy Rodgers, titular de la Contraloría General de la República. La jefa departamental llegó hasta la oficina de Rodgers con la finalidad de "exigir una auditoría contable y administrativa bien minuciosa de la gestión que se lleva a cabo en la gobernación".
Ocampos pidió al contralor general que "en el menor tiempo envíe a sus mejores funcionarios para determinar el destino de los fondos administrados por la gobernación". La jefa departamental estuvo acompañada por el administrador de la Gobernación, Víctor Martínez, quién señaló que brindarán toda la cooperación necesaria para que la Contraloría pueda cumplir a cabalidad con una auditoría.
El diputado de Alto Paraguay, Domingo Adorno, había presentado un escrito ante la Contraloría General de la República, señalando que "en mi oficina llegaron denuncias que deben ser objeto de investigación ya que están comprometidos fondos públicos de la gobernación".
Al tomar estado público la denuncia del legislador, la gobernadora Ocampos tuvo la iniciativa de exigir una auditoría de su gestión. "Investiguen, es todo lo que venimos a exigir. Quiero que investiguen mi gestión" fue su terminante pedido.
Por otro lado, pidió a Rodgers que la evaluación no se limite a una verificación de documentos: "Los auditores tienen que ir a cada uno de los lugares donde se proyectan o bien se llevan a cabo las obras. Vamos a poner vehículos y cada uno de los proyectos tiene que ser inspeccionado para ver en qué condiciones se encuentran".
“La única forma de saber la verdad es yendo al Alto Paraguay y queremos que lleguen para verificar lo que estamos haciendo", agregó Ocampos. No dejó de lamentar las denuncias que "tienen única y exclusivamente un objetivo político. Hay gente que ya está mirando al 2018 y no tiene ningún problema en mentir para desprestigiar a gente que trabaja”.
Con anterioridad a la reunión con Roy Rodgers, los funcionarios de la Gobernación de Alto Paraguay se reunieron con la ministra Soledad Quiñónez, titular de la Secretaría Anticorrupción, y el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, con la misma finalidad.
En la Contraloría General de la República no ocultaron la sorpresa al recibir un pedido tan poco usual ya que por lo general, buena parte de los gobernadores busca evitar una auditoría por temor al resultado.