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Lejos de pedirle que se apartara del cargo, el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias de la Producción de la Unca decidió en una sesión extraordinaria del martes conceder un permiso a su decano, Jaime Torales Kennedy, quien fue imputado por una serie de irregularidades en el manejo de la casa de estudios.
De acuerdo a lo que se desprende del documento, el permiso es de tiempo indefinido pues se establece que es durante el lapso que tome el proceso de investigación. En consecuencia, además se dispuso la asunción como decano interino de Aníbal Escandriolo Peña. Además, el Consejo Directivo decidió ordenar el restablecimiento de las actividades académicas y administrativas de la Facultad, actividades que llevan paralizadas varias semanas desde que alumnos de diversas filiales y de la casa central decidieran manifestarse para exigir la renuncia de Torales Kennedy, al que señalaban de haber cobrado matrículas de manera irregular, entre otras varias acusaciones.
El decano de la Facultad de Ciencias de la Producción de la Universidad Nacional de Caaguazú (FCP-Unca), Jaime Torales Kennedy, fue imputado por presunto cobro ilegal de matrículas, cursos y otros. El fiscal Alcides Espínola también acusó al tesorero de la facultad, Teófilo Burgos, como autor del hecho. Según el acta de imputación, el hecho punible de exacción del cual se lo acusa se vendría cometiendo en forma sistemática desde 2013 en el interior de la FCP-Unca, filial San Juan Nepomuceno, en el departamento de Caazapá.
Según las denuncias y averiguaciones de la unidad especializada del Ministerio Público, los alumnos abonaban en concepto de matrícula la suma de G. 350.000 en 2013 y luego subió a G. 400.000. Como derecho a examen les cobraban G. 15.000. Estos montos eran entregados sin expedir recibo alguno de parte de la institución educativa. Asimismo, se realizaban descuentos compulsivos a los docentes en sus salarios, sin autorización de los mismos. El concepto era de cursos de posgrados que debieron darse pero que nunca se realizaron.
Los docentes eran obligados a abonar sumas de dinero para el pago de alquiler, energía eléctrica, servicio de agua potable y compra de insumos de la filial, porque –según refería el decano– no contaban con presupuesto; sin embargo, posteriormente se descubrió la existencia de una asignación de G. 1.600 millones anuales como presupuesto a la sede de San Juan Nepomuceno.
Entre otras cosas, los estudiantes también debían pagar G. 50.000 y los docentes G. 100.000 en concepto de un carné estudiantil que nunca llegó a las manos de quienes pagaron. Todas estas supuestas recaudaciones ilegales eran depositadas a la cuenta corriente personal del tesorero Burgos, y no a una cuenta institucional, por supuesta orden de Torales Kennedy.
El Consejo Superior Universitario debe decidir en la tarde de este miércoles las medidas a tomar sobre la permanencia de Torales al frente de la institución, debido a que alumnos de la filial de Choré no aceptan el permiso concedido al decano y se mantienen en su postura de que el mismo debe dar un paso al costado.