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“Esto se tiene que investigar y darle el derecho de la defensa al investigado. Si hay una denuncia y hay pruebas de una posibilidad de uso indebido de influencias, no se puede dejar pasar nomás. Habría que juntar esas pruebas, escucharles a las personas involucradas y actuar en consecuencia”, indicó Rasmussen, aclarando que el proceso tiene que impulsarse de forma independiente en la Justicia y en el Senado.
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“El actuar de un parlamentario en sí se refiere al tráfico de influencias y eso -desde nuestro punto de vista y eso hemos discutido en plenaria con otros colegas que piensan diferente- no tiene que ver con el ámbito jurisdiccional, ni del Ministerio Público ni del Poder Judicial”, insistió el senador, apuntando a que el Congreso debe tomar en serio este caso y analizarlo por su cuenta.
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“Creo que son caminos paralelos”, remarcó, instando, no obstante, a la Fiscalía a tomar el caso y también señalando que el Instituto de Previsión Social (IPS) debe aclarar la licitación cuestionada, que sería el motivo del intento de soborno al periodista Juan Carlos Lezcano, de ABC Color.
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"Tenemos que analizar; no tenemos toda la información, esto acaba de surgir, pero sí es un caso que hay que discutir en plenaria", insistió y comparó con el caso reciente del expulsado Víctor Bogado.
En el caso de concretarse, "esta es una sanción de pérdida de investidura por uso indebido de influencias de los pares parlamentarios a un par parlamentario, que haya usado su influencia como parlamentario de manera indebida como pasó con Víctor Bogado", dijo.
Otros parlamentarios como Enrique Bacchetta y Enrique Salyn Buzarquis también sostienen que, a medida que se vayan sustanciando las pruebas por este presunto intento de soborno, se debería analizar la situación de Amarilla.