Amparos para amordazar

Los jueces de Alto Paraná comenzaron a adoptar la peligrosa práctica de prohibir publicaciones periodísticas referentes a determinadas personas e incluso empresas privadas.

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Como los magistrados se prestan a las acciones que coartan la libertad de expresión y de prensa, cada vez más se recurre a éstas.

Las acciones judiciales consisten en presentar recursos de amparo constitucional invocando graves daños. Como se trata de una garantía constitucional excepcional se puede presentar ante cualquier juez y se le imprime mucha celeridad.

En los últimos tiempos, el primero en recurrir a esta práctica fue un concejal municipal electo de Hernandarias que buscaba así evitar que se publiquen informaciones referentes a un conflicto por la tenencia de una niña. La madre de la pequeña había denunciando graves hechos, pero ahora no se pueden mencionar en los medios de comunicación.

En otro caso, la rectora de una universidad privada logró que el juez Amílcar Marecos diera lugar también a un recurso de amparo. En su resolución, el magistrado en cuestión prohíbe al diario Vanguardia de Ciudad del Este y otros medios de comunicación e incluso a un abogado hacer mención a la casa de estudios y la rectora de la institución.

Esta última recurrió a acciones judiciales para evitar que se difundan publicaciones sobre una denuncia de acoso en contra de un directivo de la universidad. Como el juez Marecos se prestó a esta práctica, el presunto acosador también recurrió a un amparo y el juez Marino Méndez le otorgó una medida cautelar mediante la cual también se prohíbe mencionar al ingeniero Gustavo Ramón Duarte Ruiz Díaz, directivo de una universidad, quien había sido filmado acosando a una docente.

La abogada Irma Núñez, asesora jurídica del diario Vanguardia de Ciudad del Este, uno de los medios afectados con la medida, explicó que la sentencia de Marecos ya fue apelada y que también se hará lo mismo con la resolución de Méndez.

En el juicio de amparo, el juez Marecos no respetó los plazos procesales y la demandante ni siquiera acreditó que es una afectada directa de los daños. Además, las pruebas no fueron puestas a disposición de los demandantes y el juez alegó que fueron divulgadas en los medios.

“El Jurado debe tomar inmediatamente acciones en este asunto porque las resoluciones tienen varias falencias. Están utilizando estos amparos para hacer callar a la medios, es decir, estas personas pueden matar o cometer otros hechos graves y no se les va a poder mencionar”, expresó.

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