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Ricardo Núñez, expresidente de la cuestionada Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), una ONG que por años cobró irregularmente montos a los contribuyentes, anunció que la presidenta actual del ente, María del Carmen Benítez, solicitará una audiencia al presidente de la República, Horacio Cartes, para pedirle que rechace la promulgación del proyecto de ley -aprobado en el Congreso Nacional- que limita las posibilidades de cobrar el canon de G. 10.000 para la expedición de licencias de conducir.
“Todavía no hablamos. La presidenta está solicitando una audiencia con el Presidente a los efectos de plantearle el veto acerca de la promulgación que hizo el Senado sobre las atribuciones de Opaci”, señaló Núñez en rueda de prensa esta mañana en Mburuvicha Róga, adonde llegó acompañando la comitiva de jugadores de la selección de Futsal de Villa Hayes.
Agregó que “seguimos convencidos que Opaci es la genuina representante del gremio municipalista a nivel nacional. Es la que ha ganado visibilidad a nivel nacional en todos estos años” y afirmó que “a pesar de las críticas hemos seguido trabajando este año”, en referencia a los cuestionamientos acerca del cobro que realizan ilegalmente, según las normativas, de un monto a cada persona que busca obtener un registro de conducir.
Dijo que los motivos del pedido a Cartes obedecen a que no podrán seguir prestando servicios al municipalismo. “No estaríamos en condiciones de soportar la infraestructura misma que tiene Opaci hoy en día. Tenemos un edificio céntrico con funcionarios (…) Se hacen capacitaciones”, indicó.
La aprobación por el Congreso del proyecto que busca arrebatar a la Opaci generó gran molestia en sus directivos, por lo que la semana pasada reaccionaron amenazando a la Agencia Nacional de Tránsito con no entregar su base de datos de los contribuyentes que gestionan los registros de conducir.
Hay que recordar que la Opaci se convirtió en los últimos años en una entidad netamente recaudadora, imponiendo un monto innecesario a los contribuyentes de las 250 municipalidades del país. El principal canon era el cobro de G. 10.000, por la expedición, renovación y anulación de los registros de conducir.
Asimismo, retiene ilegalmente un 0,20% sobre los montos por transferencias de bienes raíces y operaciones de crédito (hipotecas). Este es un impuesto genuino de las municipalidades, pero la Opaci, bajo el ropaje de “deudas atrasadas” en muchos casos, no transfiere a las Comunas. Las municipalidades también pagan una cuota anual de hasta G. 4 millones para ser socias.