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El colorado Ibáñez y sus abogados se presentaron este martes ante la Comisión de Asuntos Constitucionales, que debe dictaminar si acepta o no el pedido de desafuero del diputado. El legislador aseguró que mañana, durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, solicitará él mismo su desafuero, puesto que según sus abogados es ilegal el pedido de las autoridades porque en la Constitución no figura la posibilidad de pedir o requerir el desafuero.
Si bien el abogado de Ibáñez, José Ignacio González Macchi, afirmó que su cliente pidió a los miembros de la Comisión que voten a favor del desafuero, dijo también que este caso podría tratarse de una persecución política.
“El desafuero para nosostros es una figura netamente política, es un instituto establecido en la Constitución e incluso hemos expuesto de que nuestro parecer es exclusivamente procesal jurídico, pero que el estudio del mérito, si corresponde o no el desafuero, debe ser un análisis político de la comisión o del pleno de la Cámara respecto de si se está usando o no esta causa como medio de persecución política, utilizando o instrumentalizando órganos jurisdiccionales y al Ministerio Público”, dijo el abogado.
Ibáñez y su abogado expusieron ante la comisión que, según ellos, hubo muchas “graves y penosas irregularidades” desde que se inició el proceso, a cargo del entonces fiscal adjunto Anticorrupción Carlos Arregui, quien fue tumbado por el poder político semanas atrás.
Dijo que, para los abogados, será muy fácil refutar cada uno de los puntos que sostiene la Fiscalía contra su cliente, pero Macchi insinuó que podrían existir cuestiones políticas y por eso, como abogado defensor, llegó hasta la Comisión de Asuntos Constitucionales para decirles que ellos deben analizar si existen o no trasfondos políticos.
Ibáñez esta procesado porque tres personas que trabajaban como caseros en su casa quinta de Areguá fueron nombrados en la Cámara de Diputados y cobraban un sueldo que nisiquiera llegaba a ellos, sino solo una parte de lo que figuraba que ganaban.
Se trata de Favio Ernán Gómez, Viviana Falcón y Éver Falcón. La fiscalía tiene indicios de que el legislador se quedaba con parte del salario de G. 2.500.000 asignado a cada uno de ellos.