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Roberto Moreno, procurador general, comunicó en conferencia de prensa en Mburuvicha Róga que se recibió una nota del Ministerio de Relaciones Exteriores por la que se remiten antecedentes que hacen referencia a un expediente con el nombre “SACE SPA vs. República del Paraguay”, según informó Sergio Ucedo, de ABC TV.
En la misma surge que la empresa “Sezione speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione” (SACE), que es propiedad mayoritaria del Estado italiano introdujo una demanda ante un tribunal de Washington en contra de la República del Paraguay, para reconocimiento y ejecución de dos fallos de la justicia Suiza contra el Paraguay.
La primera sentencia consiste en la suma de 28.018.794 euros y 36.715.000 francos suizos; en tanto que la segunda llega al valor de 10.000.000 francos suizos con intereses, danto un total aproximado de unos US$ 80.000.000. Dicho dictamen se relaciona al caso “Gramont Berres”, una estafa contra el Estado paraguayo.
En ese contexto, la empresa SACE fue codemandada ante los tribunales suizos por un sindicato de 10 bancos que habían otorgado préstamos a dos empresas de Gustavo Gramont Berres, un cónsul honorario, con una garantía falsificada por este supuestamente en nombre del Estado paraguayo.
En el año 2009, sin informar al Paraguay, la firma SACE y el sindicato de bancos arreglaron de forma unilateral con un pago de 24.900.000 euros, con el objetivo de adquirir todos los derechos y acciones que surgían de las dos sentencias suizas. Ante esto los tres poderes del Estado han sentado postura de rechazar y desconocer la deuda ilegítima emanada de la estafa de Gramont Berres.
Para hacer frente a la demanda, el presidente Horacio Cartes ya dio la orden de contactar con abogados que puedan defender la causa paraguaya en los Estados Unidos. Así también, Moreno señaló que las reservas del país no corren peligro ya que gobierno y el Banco Central del Paraguay (BCP) colocaron las mismas en un banco de Suiza que establece la no inembargabilidad de las cuentas.
El canciller nacional, Eladio Loizaga, manifestó que ante esta situación “la imagen de Paraguay no se va a ver afectada porque es un país que, sobre todo en este período, ha cumplido los compromisos de anteriores Gobiernos con transparencia”. El tiempo para dar una respuesta es de 60 días por lo que apremia la ida a Estados Unidos para ajustar detalles, dijo Sergio Godoy, asesor jurídico de la Presidencia de la República.