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“El SPT manifiesta su preocupación por la gravedad de las violaciones a los derechos humanos denunciadas, entre ellas casos de torturas y otros tratos crueles inhumanos y degradantes, y la alta probabilidad de su repetición”, señala el documento que ya fue remitido al Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, y que hace alusión a las denuncias por violaciones de derechos humanos que existen en relación a las actuaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), en el norte del país.
Además, el Subcomité insta al Estado a establecer “sin más dilaciones” un diálogo cooperativo con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), y a tomar en cuenta las recomendaciones realizadas por este organismo nacional en relación a las denuncias de violaciones de derechos humanos. Además resalta que el MNP ha cumplido con producir información "adecuada" y ha realizado recomendaciones específicas a las distintas autoridades competentes sin obtener respuesta alguna.
Investigar las denuncias. El organismo recordó al Estado Paraguayo su obligación de impulsar investigaciones efectivas y sus eventuales sanciones respecto a los hechos denunciados.
El STP hace especial mención del caso de María Gloria González (46), madre de Domingo Ovelar González, sindicado como miembro del grupo criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), quien durante un confuso operativo de la FTC con la Senad, fue acribillada y según el MNP, torturada por los militares. En aquel episodio ocurrido el 5 de setiembre de 2014 en Kurusu de Hierro, fueron asesinadas otras dos personas y según las autoridades estas tres personas eran del ala "logística" del EPP.
María Gloria González, quien sobrevivió pero quedó con el rostro desfigurado y varios rastros de heridas punzantes en el cuerpo, fue imputada por asociación terrorista, secuestro y transgresión a la ley de armas, entre otros delitos, sin embargo la misma permanece en su casa a seis meses del hecho.
Días después del operativo, se habló de que existían indicios analizados por la Fiscalía que tendían a confirmar que los militares que efectuaron el procedimiento en Kurusu de Hierro, “plantaron” evidencias para disimular un grave error táctico. Se cuestionó además en ese entonces las excesivas atribuciones conferidas al ministro de la Senad, Luis Rojas, en el marco de los operativos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).
Sobre el caso, "El SPT alentó al MNP de presentar una queja individual ante el Comité contra la Tortura", señala el informe al final.