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En un manifiesto dado a conocer este martes, la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) enfatiza que la Contraloría General de la República, cuya máxima autoridad, Enrique García, se encuentra investigada por la justicia, “no se halla en condiciones constitucionales, legales ni legítimas para realizar controles o auditorías públicas, mientras dure su situación ilegal".
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La organización señala que “la calidad de imputado” en que se encuentra el titular de la CGR no solamente pone en duda legal la continuidad en sus funciones frente a dicha institución, sino también la legalidad e integridad de las acciones de fiscalización que pudiera tener la Contraloría para con las instituciones que caen bajo su ámbito de control, entre ellas las municipalidades.
La Opaci dice que reconoce la atribución constitucional y legal del citado órgano del Estado para realizar auditorías a las entidades públicas, tal como lo mandan la Constitución Nacional y la Ley Nº 276/94, “Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República.
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Sin embargo, advierte que la situación en que se encuentra su “máximo responsable”, investigado por la justicia, hace carecer a la institución de la “suficiente legitimidad” para realizar exámenes de las administraciones públicas, incluyendo a las municipalidades, ante la desconfianza que objetivamente genera la situación irregular del contralor Enrique García.
Agrega que las municipalidades no están ajenas a que sus administraciones sean auditadas y se sometan a los mandatos del control público, como corresponde, en derecho, “pero ante la situación en la que se encuentra el contralor general, quien a esta altura estaría de manera ilegal en el ejercicio de sus funciones al frente de esa institución, reclaman y exigen que se aclare, ya que, mientras dure esta anormalidad, no existirá garantía alguna para llevar adelante control público alguno”.