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La denuncia también afecta a la intendenta de Ciudad del Este y esposa de Zacarías Irún, Sandra McLeod, al hijo de ambos, Javier Zacarías McLeod, a la diputada Rocío Abed Zacarías, su esposo Justo Zacarías Irún, y al excanciller Eladio Loizaga.
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El primer hecho denunciado, por el cual se incluye al excanciller, es el pasaporte diplomático que fue expedido a favor del hijo de Zacarías Irún, que -de acuerdo a la ley- solo puede ser concedido a los hijos menores de edad de los legisladores. Afirman que este hecho se configura como tráfico de influencias.
La denuncia, que sienta sus bases en artículos periodísticos y otros documentos, también es por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito, asociación criminal y lavado de dinero.
Los denunciantes sostienen que la familia Zacarías McLeod “utiliza dinero proveniente de fuentes espurias que presuntamente salen de las arcas municipales de Ciudad del Este, como producto de feroces negociados, par financiar la estadía de Javier Zacarías McLeod en Londres, Reino Unido (donde actualmente reside y estudia), y que desde hace aproximadamente 20 años están siendo blindados por la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría, el Tribunal de Cuentas, con la influencia política directa del jefe del ‘clan’: el actual senador Javier Zacarías Irún”.
Además, exigen que se investigue los “lujosos dúplex” en el barrio San Roque de Asunción, a nombre de Rocío Abed Zacarías. “Esos departamentos tienen un costo millonario en su edificación, que resulta casi imposible que funcionarios con sueldos del Estado puedan solventarlos”, refiere el escrito.
También hacen referencia a la conformación en 2010 de la empresa Gaia SA, con un capital de G. 6.000.000.000, cuyos accionistas principales son Justo Zacarías Irún y su esposa Rocío Abed.