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La Human Rights Foundation (HRF) es una organización apolítica mundial con sede en Nueva York, EE.UU.
El organismo realizó un análisis que incluyó una investigación jurídica sobre el cambio de Gobierno en Paraguay, donde Fernando Lugo fue destituido vía juicio político y Federico Franco asumió en su reemplazo.
“La sucesión presidencial en Paraguay fue constitucional y a la vez cumple con los estándares previstos en la Carta Interamericana de la OEA, el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático del Mercosur y el Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de Unasur”, concluye en un documento publicado esta semana.
Luego de señalar que no se quebrantó acuerdo democrático alguno, la fundación reclama el reconocimiento internacional para el nuevo Gobierno en Paraguay.
“El orden democrático en Paraguay se ha mantenido intacto a pesar del desenlace del juicio político seguido contra el presidente Lugo, que concluyó con su destitución del cargo”, expresó Thor Halvorssen, presidente de HRF.
El representante de la instancia igualmente instó a la OEA y las demás organizaciones a limitarse a los hechos acontecidos en Asunción y la legislación.
Respecto a la postura de países como Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, la fundación menciona que todos se apresuraron al calificar la remoción de Lugo como un golpe de Estado.
Recordó que la Constitución paraguaya faculta al Congreso a enjuiciar políticamente al Presidente, en caso de mal desempeño en sus funciones.
“Dada la imprecisión del concepto ‘mal desempeño de sus funciones’ -especialmente si consideramos que desde la perspectiva de un legislador de oposición, todo presidente tiende a tener un mal desempeño- está claro que las garantías del debido proceso en un juicio político en Paraguay no se encuentran fundadas en el tiempo de duración del mismo”, afirmó por su parte Javier El-Hage, director jurídico de HRF.
El especialista señaló que las garantías del debido proceso se encuentran fundadas únicamente en el requisito de los votos de una mayoría calificada en cada Cámara del Congreso.
Recordó que en Diputados, el juicio a Lugo fue impulsado con el apoyo de 76 de los 80 diputados y 39 de los 45 senadores.
Respecto al nivel de poder que ostenta de esta manera el Congreso, la HRF recuerda que es consecuencia de la dictadura de 35 años que tuvo el Paraguay con Alfredo Stroesssner.
“Por esto no es de extrañar que se confieran este tipo de atribuciones al legislativo”, refiere.
Sobre las comparaciones que se hacen con el golpe en Honduras en el 2009, que provocó la salida de Manuel Zelaya, la fundación recuerda que fue la primera organización no gubernamental en solicitar la expulsión de ese país de la OEA.
En el caso de Paraguay, no puede hablarse de golpe, ya que no hubo uso de la violencia para lograr la salida de Lugo, agrega.
Según la organización, para hablar de golpe, deben estar presentes los siguientes elementos: la víctima es el titular del Ejecutivo, los autores hacen uso de la violencia o la coerción, la acción es abrupta y claramente violan el procedimiento constitucional.
El Paraguay está a punto de ser suspendido en el Mercosur debido a que países como Argentina y Venezuela consideran que hubo un golpe de Estado en Paraguay.