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Aguilar fue acusada por este medio del Grupo Cartes de haber supuestamente pedido un informe de extracto de llamadas a la empresa Tigo dentro de una investigación que no le corresponde. Supuestamente, la agente solicitó de forma urgente el registro de los números de personas vinculadas al entorno de Horacio Cartes como Luis Canillas, José Ortiz y su abogado Carmelo Caballero, así como de Raúl Fernández Lippmann.
La fiscala conversó con radio ABC Cardinal y negó categóricamente que la firma del documento sea la suya. “Imposible es que pida algo sobre una causa que no me pertenece. Son muy graves las acusaciones que hace este periodista (el artículo está firmado por Jorge Torres Romero), o el diario (La Nación)”, manifestó la fiscala.
Supuestamente, según la publicación, la fiscala de J. Augusto Saldívar hizo este pedido el 23 de octubre y Tigo se lo concedió. Sin embargo, la agente dijo que esa semana ella estaba haciendo inventario dentro de su oficina, ya que fue trasladada el 30 de octubre.
La agente dijo también que ya avisó de esto a sus superiores y que fue a la empresa Tigo y que, sin embargo, no le pudieron dar una copia del supuesto documento fiscal. “No, no tengo conocimiento de esa situación. Eso es algo que yo no puedo decirte quién habrá hecho”, agregó.
“Esta causa ni siquiera pertenece a la que era mi unidad (...) por todo esto que asegura este periodista (Torres Romero) —que por cierto tiene oscuros antecedentes, estuve observando ya— estuve tratando de averiguar si existe una nota fraguada, un oficio real, porque yo no tuve acceso a una causa en donde les investigué a esas personas”, señaló la agente sobre el punto.
Aguilar dijo que tampoco Tigo le dio una copia del supuesto pedido. Además, opinó que “no sería raro que alguien haya falsificado su firma, una cuestión que se hace con frecuencia”.
Sobre su vínculo con Enrique Bacchetta, dijo que solo lo apoyó cuando era una abogada “pasillera” y él se candidató al Consejo de la Magistratura hace un par de años y que eso no fue como fiscala.
“Niego porque no lo hice, no se condice. De enero del año pasado es esa causa y el tema de los audios fue en diciembre. No tengo nada que ver”, concluyó.
El artículo del diario del Grupo Cartes da por válida la nota supuestamente firmada por la fiscala. Sin embargo, la explicación sobre los motivos del supuesto pedido son confusos. Por un lado, el material asegura lo hizo por el caso del “31-M” y, en otro momento, por el interés en los audios filtrados en que se desnudó la corrupción fiscal y judicial.