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En este caso, familias que residían desde hacía más de medio siglo en el lugar debieron abandonar sus modestas viviendas, animales y cultivos por orden judicial.
En los casos de desalojo que afectan a vecinos de los dos departamentos, habrían sido ejecutados por pagarés en poder del prestamista itapuense Eduardo Elias Hrisuk Klekoc, quien, según lo relatado por los afectados, tendría un modus operandi calcado al que se cuestiona al exsenador Óscar González Daher.
Para sacar a las seis humildes familias, cuyos integrantes son en su mayoría ancianos, se desplegó un aparatoso operativo con un inusual número de agentes policiales que, llamativamente, se concreta para este caso y no para combatir delitos como el narcotráfico, que sigue floreciendo en la zona fronteriza.
Claro González, hijo de la anterior propietaria, Perla Barrios Vda. de González, calificó de “bandidaje muy grande” lo ocurrido. Afirmó que González Daher queda cortito al lado de Hrisuk Klekoc, a quien calificó de conocido usurero encarnaceno que se hace llamar empresario.
Dijo que la historia se inició con la sucesión, tras la muerte de su padre. Recordó que le habían firmado un poder al abogado Daniel Acosta Talavera y se tomó un préstamo de G. 2 mil millones “supuestamente para resguardar los bienes de mi madre y los 5 hermanos”.
González afirmó que le hicieron firmar una cesión de derechos de todos sus bienes a su madre y falsificaron un contrato de compraventa por G. 5 mil millones. Indicó que incluso la orden de desalojo tiene deficiencias, considerando que viene en contra de sólo 3 (Claro, Rómulo y Eduardo) de los 5 hermanos, señalando además a familiares y dependientes.
“Los pobladores que habitan la propiedad no son familiares ni dependientes. Son moradores del lugar desde hace más de 50 años y trabajan en total independencia”. Aclaró que ellos no le pagaban salarios, “cuidan el lugar, tienen su propios animales, sus cultivos de consumo”, dijo González.
Indicó que el juzgado nunca se constituyó en el lugar para verificar la situación. “Y ahora vienen violentamente a ejecutar el desalojo como si todos fuéramos delincuentes”. Claro González señaló que desde la década de los '80 la propiedad pertenecía a su abuelo y después fue heredada por Perla Barrios. Resaltó que el abogado de la familia posteriormente pasó a representar a Elias Hrisuk y la jueza que firmó la orden de desalojo es Gisella Palumbo Arámbulo, de Asunción.
González señaló como “jefe de todos” a Reinaldo Bazán. “Es la mano negra en toda esta situación. Es el que paga a todos, el maletinero, el que maneja la chequera y reparte la plata, mientras Daniel Acosta le firma”. Explicó que ya se realizó el desalojo en una propiedad de mil hectáreas en Coronel Bogado, otras dos propiedades que totalizan más de 500 hectáreas en San Miguel, Misiones, más las 3 propiedades de Ñeembucú.
“El valor total de las propiedades es de G. 100 mil millones, pero en el contrato de compra y venta falso figura que la venta se realizó por 5 mil millones”. Lamentó el accionar de la justicia, señalando que han presentado una demanda de nulidad hace 3 años y no ha pasado nada, “nunca se movió porque aparentemente, esta gente lo atajan con plata. La Justicia en lo civil parece estar comprada en un ciento por ciento por este señor usurero”, significó González.
Recordó que varias veces fueron junto a él para pagarle la deuda, pero Hrisuk siempre encontraba una excusa para no recibir el dinero. "Decía que no tenía el documento, que estaba en Asunción, que regresemos la próxima semana. Mi madre se fue como 5 veces a su oficina, pero no se hacía encontrar y no atendía el teléfono cuando se le llamaba. Confiamos en él, creímos en su palabra”, lamentó González.
Dijo que utilizando está estrategia estafó a mucha gente y se comenta que en Encarnación tiene una oficina con más de 6.000 títulos de propiedad. Sobre el llamativo poder que ejerce en las instituciones el empresario encarnaceno, expresó que nunca se vio un despliegue tan grande de policías como se dio en Coronel Bogado y en Tacuaras.
El enorme despliegue incluyó a cascos azules que debieron trasladarse desde otro departamento. Expresó que algunos uniformados avergonzados le comentaron confidencialmente que la orden para el aparatoso despliegue policial venía del más alto nivel del Ministerio del Interior.