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La Secretaría del Ambiente emitió una resolución por la cual emplaza por cinco días a la ciudadanía para limpiar las casas y baldíos de los criaderos del transmisor del dengue.
El periodo de gracia vence este martes. Transcurrido el tiempo dado, se van a iniciar recorridas aleatorias en los barrios.
De acuerdo a la resolución de la Seam Nº 600/13, el emplazamiento rige solo para las ciudades donde se hayan detectado brotes de dengue.
“Se van a priorizar ciertos barrios y de esos barrios ciertas cuadras”, manifestó el fiscal al aclarar que resulta imposible visitar todas las viviendas a nivel país.
En caso de encontrarse viviendas abandonadas, cerradas o con propietarios renuentes, se procederá a labrar un acta para ser remitida al Ministerio Público, donde se firmará una orden de allanamiento.
De esta manera, se procederá a intervenir los lugares que se consideren que puedan constituirse en un peligro.
Una vez en esta instancia y en caso de confirmarse la presencia de criaderos de mosquitos, los dueños se exponen a imputaciones por violación de leyes ambientales, que pueden derivar en penas de cárcel y elevadas multas.
Las sanciones penales pueden llegar a los 18 meses de prisión o multas de entre 200 y 2.000 jornales, es decir de G. 12 millones a G. 127 millones, según explicó a la 780 AM.
El agente del Ministerio Público aseguró que hay antecedentes de personas imputadas por la presencia de criaderos de mosquitos en sus propiedades.
Reconoció que los procesados no llegaron a ingresar a la cárcel, pero sí debieron abonar “feroces” multas.
“La situación ya es grave”, manifestó el agentes investigador al señalar que el mal ya se cobró víctimas fatales.
Aclaró que no existe una norma legal específica para castigar a los propietarios puercos, sino que se debió realizar un “trabajo de ingeniería jurídica” para formular imputaciones.
“La gente tiene que quitar de su cabeza la idea de que alguien va a ir a limpiarles su casa. Las cuadrillas del Senepa solo van a verificar que esa limpieza haya sido efectiva”, refirió.
Contrariamente a la explicación de Merlo, días pasados la fiscala María Bernarda Álvarez aclaró que nunca hubo una imputación contra el propietario de una vivienda con criaderos de mosquitos.
Señaló que la ley ambiental se aplica a los dueños de sitios donde se procesan los residuos, como las chatarrerías o vertederos.