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El proyecto de modificación de la Ley 834/96 Código Electoral, que determina las multas y reglamenta el procedimiento de cobros de multas y sanciones a los que infrinjan la obligatoriedad del voto, ya fue presentado en 2015 en Diputados y cuenta con dictamen aprobado de la Comisión de Ciencia y Tecnología.
El artículo que planean modificar es el 332. Si se llega a aprobar, el primer castigo para quienes no voten sería multas que van desde 15 hasta 30 jornales mínimos (G. 1.177.575 y G. 2.355.150)
Además, tendrán otras sanciones como suspensión para ser beneficiario de subsidios y la imposibilidad de acceder a becas y créditos agrícolas otorgados por entidades estatales. También pueden ser suspendidos por dos años para la renovación y expedición de documentos de carácter personal como pasaportes y registros de conducir.
Otra de las sanciones es la prohibición de ingreso a cualquier cargo público durante un plazo de dos años y a cargos electivos en las elecciones subsiguientes a las que han incurrido en faltas.
Todos los plazos serán computados una vez que quede firme y ejecutoriada la resolución en la cual se impongan las sanciones. Según el proyecto, para el cumplimiento de estas disposiciones, la Dirección General del Registro Electoral elaborará en 30 días un informe de quienes infringieron la obligatoriedad del voto y derivará en 10 días a los Juzgados Electorales de cada distrito.
A partir de allí, se notificará al afectado en un plazo de cinco días para continuar con el procedimiento, que no puede durar más de 30 días, contados luego de la recepción de los informes. Las multas serían abonadas ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral.
Este proyecto, que prácticamente significa una muerte civil para quienes no voten, fue elaborado y presentado por los diputados Sergio Rojas, Mario Soto Estigarribia, Enrique Buzarquis y Carlos Troche. El documento se encontraba en el orden del día de la sesión de ayer, pero finalmente no fue tratado, desde 2015.