Cargando...
El senador Adolfo Ferreiro dijo la semana pasada en conversación con radio ABC Cardinal que no existe algo más público que un grupo de WhatsApp, la más popular aplicación de mensajería que se utiliza a través de teléfonos inteligentes. Y fue en uno de estos grupos en donde supuestamente la senadora Desirée Masi bromeó pidiendo un “sicario de medio pelo” contra el presidente Horacio Cartes. Si esta aseveración es verdadera, como lo asegura el cartismo, entonces Masi dista mucho de ser una implacable mente criminal.
No es la primera vez que el Gobierno quiere utilizar esta estrategia para desviar la atención mediática del foco principal de la campaña de recolección de firmas del cartismo para violar la Constitución Nacional al implementar la enmienda en vez de la reforma para permitir la reelección presidencial.
Miles de firmas fueron falsificadas en cientos de planillas que se presentaron al Tribunal Superior de Justicia Electoral como parte de esta iniciativa. Otras miles corresponden a personas fallecidas o menores. Nadie se hace responsable de esta aberración impulsada por el oficialismo del Partido Colorado, que minimiza este hecho. Es más, el presidente de la ANR, Pedro Alliana, dijo que para él “el caso está cerrado”.
Una orden similar se urdió desde el seno del Ejecutivo a inicios de setiembre pasado, cuando el entonces ministro del Interior, Francisco de Vargas, dijo que había un plan para atentar contra la vida de Horacio Cartes y que los presuntos autores iban a ser los criminales del Primer Comando Capital y el Comando Vermelho, que son oriundos del Brasil pero también operan en el Paraguay. En esa ocasión, el tema a “eliminar” fue el asesinato de ocho militares el 27 de agosto en un atentado perpetrado por los criminales del EPP. El cruel homicidio de los compatriotas, así como la denuncia del presunto plan de atentado -a pesar de hacerse una denuncia fiscal- quedaron en la nada.
Ahora, el cartismo busca presionar para impulsar el proceso fiscal asegurando que se debe pedir datos a Facebook, que es dueña de WhatsApp. La concreción de este paso es complicada porque la legislación de los Estados Unidos, donde se encuentran los servidores de la empresa, también sienta sus reglas en cuanto a la cesión de información.
Otro de los puntos que llaman la atención del caso fabulado por el oficialismo es la excesiva demora con la que Luis Canillas, un mimado de Cartes que cobra decenas de millones como asesor jurídico en Yacyretá, denunció el presunto plan de homicidio después de más de un mes. Es más, antes fue de vacaciones y solo lo hizo porque se había discutido con Masi a través de su cuenta de Twitter.
Las “bombas de humo” son características del poder de turno, una estrategia comunicacional y política que busca colarse en la opinión pública para desviar groseros casos de corrupción y de falsificaciones espantosas que, como en este caso, despertaron hasta a los muertos.