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El joven identificado como Jorge Ramírez optó por dejar de lado el silencio y con un megáfono denuncia los reiterados casos de corrupción de los parlamentarios. Entre ellos citó el blanqueo del diputado José María Ibáñez, quien confesó haber robado unos G. 30 millones al Estado, pero ayer su pares, en una actitud corporativa cómplice, no lo despojaron de su investidura parlamentaria.
Ramírez también repudió la apatía de la ciudadanía con el tema audio, que protagonizó el senador Óscar González Daher. Los audios filtrados dejaron al descubierto la forma en que se manipulaban causas judiciales, y pusieron en la mira al reelecto senador luqueño, quien era presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, como el que encabezaba los aprietes.
El hombre dijo que en el Instituto de Previsión Social (IPS) de la ciudad de Presidente Franco no hay medicamentos, jeringas, ni guantes debido a los robos que hacen los políticos de turno.
Lamentó además la apatía de la ciudadanía que solo se queja en las redes sociales y no sale a protestar contra la impunidad. Este punto se vio evidenciado ayer frente a la plaza del Congreso, que no contaba con masiva presencia de la ciudadanía cuando se blanqueaba a Ibáñez y se aceptaron las entreguistas notas reversales de la Entidad Binacional Yacyretá.
El descarado argumento de Ibáñez para zafar de la pérdida de investidura y la actitud encubridora de sus colegas, que le permitieron continuar en la Cámara de Diputados, pese a que admitió ante la justicia haber robado, encendieron la mecha de la indignación ciudadana.
Las manifestaciones de repudio de diferentes sectores ciudadanos no paran. Al contrario, se replican en distintos puntos del país: Entre ellos, los alumnos del colegio secundario Miguel Ángel Rodríguez, de Ñemby, que hoy hicieron una setanta; los exalumnos del colegio Internacional (que incluyen en su manifiesto a los diputados Hugo Ramírez y Raúl Latorre, y a la esposa del diputado, Lorena Plabst, también egresados del Inter); los socios del club Centenario que piden su expulsión; la Sociedad de Paraguaya de Anestesiología y los trabajadores del Hospital de Concepción, que pusieron pasacalles responsabilizando a Ibáñez y otros políticos corruptos de la falta de recursos para la salud.
El caso comenzó en el 2013, cuando en su calidad de diputado Ibáñez pidió la contratación de Favio Gómez, Viviana Falcón y Éver Falcón para prestar servicios en la Cámara de Diputados en calidad de auxiliares administrativos. En agosto de ese año fueron contratados, pero luego se descubrió que en realidad trabajaban como caseros en su quinta de Areguá. Ibáñez certificó documentos a través de los cuales se confirmaba la asistencia de los tres a la Cámara de Diputados, aunque luego se corroboró que no asistían.
Se pudo comprobar también que Lorena del Pilar Plabst de Ibáñez, esposa del parlamentario, depositaba en su propia cuenta bancaria los cheques correspondientes a los salarios de los tres caseros.
Además de ser blanqueado en la estafa de los “caseros de oro”, la Fiscalía también dejó en el "oparei" una estafa vinculada a Ibáñez para quedarse con miles de hectáreas del Indert que son para la reforma agraria, en el Chaco, usando como testaferro a otro funcionario a su cargo.