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En setiembre de este año se destapó un grave caso de presunta corrupción, atribuido a una de las instituciones civiles más confiables a los ojos de la opinión pública, como es el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP, amarillos), por su abnegada labor de acudir cuando se presenta alguna emergencia, en la mayoría de los casos, en medio de precariedades para el ejercicio del voluntariado.
Con el correr de las investigaciones y cobre la base de los elementos recogidos por el Ministerio Público, se resolvió imputar a 11 miembros de la Comisión Directiva, entre ellos, Rafael Valdez (presidente del directorio del CBVP) y Miguel Ángel Riera, Carlos Torres Alujas (comandante), Luciano Florenciáñez (secretario) y Daniel Aquino (comandante), Mario Luis Gini (tesorero), Elías Ramírez, Rolando Valdez, Roberto Bogado Jara, Óscar Acuña y Ramón Meza, por los delitos de estafa y producción de documentos no auténticos. Todos ellos enfrentarán audiencia a partir de 2017.
El mismo día en que se presentó denuncia penal contra los altos directivos del CBVP, el pasado 19 de setiembre, ingresó al Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección del Tesoro, un pedido de transferencia de G. 2.300.796.648, en concepto de Gastos por Cuenta Administrativa, con recursos de fuente 10, de acuerdo a la planilla que figura en el portal de Hacienda, según la Solicitud de Transferencia de Recursos número 111.000 de 2016.
Tres meses después de la solicitud, con el caso ya descubierto y la seguidilla de imputaciones, en la tarde de este miércoles, fuera de horario laboral, se generó la Orden de Transferencia (OT), lo que en la práctica supone que Hacienda liberó los fondos para transferencia del dinero a la cuenta del CVBP en un banco privado.
Si bien el pedido de transferencia de recursos figura entre las atribuciones del órgano directivo, una fuente debidamente identificada por ABC Color cuestionó el otorgamiento de dinero público a personas imputadas por presuntos manejos irregulares de recursos del Estado.
No obstante, podrían acceder a dichos recursos en el transcurso de la próxima semana en caso de que el BCP deposite en calidad de custodio del dinero de Hacienda. Esta situación genera desconfianza en los demás voluntarios por el destino que podría darse a tales recursos apenas una semana antes de la audiencia de imposición de medidas para los imputados a partir del 3 de enero.
Atendiendo este escenario, Gabriel Taddey, el síndico que fue echado por denunciar irregularidades, impulsó un recurso de reconsideración sobre la Transferencia de Recurso que figura en el portal de Hacienda el 14 de noviembre de 2016, un mes antes de la seguidilla de imputaciones, “pero fue archivado temporalmente en el área de análisis para el informe correspondiente”.
Según el denunciante, la Orden de Transferencia fue aprobada sin resolverse el incidente planteado a los efectos de evitar dicha orden, hasta tanto se logre aclarar los hechos que se atribuyen a la directiva del cuerpo bomberil.