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El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, fue abordado esta mañana sobre la polémica generada en torno al Servicio Militar Obligatorio, a su salida de la Academia Militar (Academil).
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Inicialmente, el mandatario intentó poner paños fríos sobre el tema señalando que “hay confusión” sobre el SMO y refirió que fue un órgano extrapoder -la Defensoría del Pueblo- el que emitió una reglamentación en torno a la objeción de conciencia que generó la “psicosis” entre la ciudadanía, a tal punto que esta mañana varios jóvenes formaron largas filas para tratar de tramitar documentaciones y evitar multas.
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Abdo reafirmó posteriormente que “el Servicio Militar Obligatorio es una ley vigente y se incorporó en la Constitución la figura de la objeción de conciencia, que debería ser la excepción”. Aclaró que “de todas maneras queremos trabajar en incentivos para promocionar el cumplimiento de la ley, pero no de una manera coercitiva”.
Sobre el temor desatado, señaló que, “de hecho, hoy no hay penas por no cumplir la ley. Lo que queremos es generar conciencia, primero sobre el cumplimiento de la ley, porque todo ciudadano debe cumplir la ley en el Paraguay. Estamos buscando incentivos”, insistió.
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En otro momento, el Presidente destacó que -pese a la oposición de varios sectores- “tenemos la satisfacción de decir que hay mucha participación de jóvenes que se están enrolando para el Servicio Militar Obligatorio”.
El gobernante consideró que el SMO “puede ser una herramienta para darle capacitación al joven, para nutrirle de conocimiento”. Insistió seguidamente en que “no lo vamos a hacer de manera coercitiva”.
Con respecto al pago de las multas que intentan cobrar por no hacer el Servicio Militar Obligatorio, Mario Abdo Benítez aseguró que se trata de juntar fondos para destinarlos al mejoramiento de las Fuerzas Armadas. “Es para reforzar la capacidad operativo de las FF.AA.; esta puede ser una herramienta en que todos podamos contribuir para fortalecer la capacidad operativa”, refirió.
Las autoridades militares ayer sacaron a relucir una ley promulgada en 1975 por el dictador Alfredo Stroessner para advertir sobre multas que van desde G. 1.600.000 hasta más de G. 2.600.000.
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A su vez, el defensor del Pueblo, Miguel Godoy, pretende exigir G. 400.000 a quienes no quieran o no puedan cumplir el servicio militar obligatorio.
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Sobre la propuesta de dejar sin efecto la ley de SMO, el Presidente mencionó que “tienen toda la facultad de proponer la derogación. El debate siempre es saludable, pero debe ser un debate sano; quien piense diferente tiene todo el derecho a presentar un proyecto de derogación”, refirió.
Posteriormente, reafirmó que en las actuales condiciones “no me pueden pedir que viole la ley, porque el SMO es una ley vigente, no es una ley de Marito”.
Durante su periodo de campaña electoral el Presidente había reinvindicado el servicio militar obligatorio. Posteriormente, al asumir, el Gobierno adelantó su intención de reimpulsar el Servicio Militar Obligatorio.
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La psicosis en torno al SMO fue aún mayor luego de una reglamentación emitida recientemente por la Defensoría del Pueblo en torno la objeción de conciencia, una alternativa para quienes no quieran o no puedan cumplir el servicio militar. Sin embargo, en la normativa igualmente establecen multas de G. 400.000 y se incluyen medidas coercitivas.
En la normativa inclusive se habla de que a quienes no se acerquen a tramitar la objeción de conciencia se les impondrá trabas al momento de tramitar documentaciones, como la obtención de pasaportes y perforación o renovación de licencias de conducir.