Maká: piden amparo al Estado

La Ley 904/81 “Estatuto de las Comunidades Indígenas” así como el Código Rural establecen una serie de obligaciones para el Estado paraguayo en materia de protección a los pueblos originarios.

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El pueblo maká reclama la aplicación de aquellas leyes que brindan amparo. Temen perder nuevamente una porción de la tierra asignada para asiento de la comunidad y este es el momento en que reclaman la intervención de las instituciones del Estado.

En Villa Hayes se encuentra una colonia que pertenece a los maká. La tierra fue entregada a mediados de 1940. Eran 340 hectáreas localizadas a orillas del río Paraguay, en el sector conocido como Chaco'i.

La colonia se encuentra en una zona de humedales, con una serie de cursos de agua que cortan la propiedad. Algunos de estos cauces pueden llegar a superar los tres metros de profundidad. En épocas de crecida, todo el sector queda bajo agua.

Disponer de tierra permitió a la comunidad mantener sus pautas culturales, su idioma y tradiciones. El celo de los maká por mantenerse dentro de un margen cultural propio es admirable, más aun considerando la cercanía con Asunción y todo lo que ello implica en materia de influencia.

La colonia, sin embargo, fue perdiendo espacio como resultado de la presión en torno a la tierra. Cada centímetro cerca de Asunción, primero, y luego en las inmediaciones del río, despertaron la codicia y la ambición en torno a la propiedad indígena.

De 340 hectáreas originales, hoy apenas quedan 111 hectáreas como parte de la colonia. Aunque se entregó en forma legal la tierra a los maká, pensar en la recuperación de la superficie inicial no es tarea fácil.

En una suerte de compensación por la reducción de sus tierras, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) entregó a los maká 18 hectáreas ubicadas en la ribera del río Paraguay. Las resoluciones Nro. 4124/12, 4939/12 y 588/13 del Indert establecen "mejor derecho y adjudicación" sobre el predio fiscal de 18 hectáreas.

Con posterioridad, el Instituto Nacional del Indígena (INDI) emite la resolución Nro. 225/14 reclamando la protección de las tierras entregadas por el Estado a los maká.

La comunidad solicitó una medida cautelar ante el atropello constante que sufrían en sus tierras. La jueza de Villa Hayes, Justina Venialgo, estableció con muy buen tino una medida cautelar de urgencia.

Pasaron siete meses de la sentencia y aparece la empresa Enrique Remmele SACI planteando una apelación. Oscar Tuma es el abogado de la firma que pertenece a Gerardo Doll.

En diciembre de 2014, la jueza Justina Venialgo dicta la medida cautelar. Resulta por completo extemporáneo presentar una apelación siete meses después, cuando ya se tiene una sentencia firme.

El Abg. Oscar Tuma no puede alegar desconocimiento de la causa puesto que retiro copia completa del expediente el 20 de marzo de 2015; con este procedimiento se considera debidamente notificada la parte afectada. A fines de marzo retira el expediente y en agosto plantea la apelación.

Enrique Remmele SACI pretende tomar posesión de las 18 hectáreas que el Indert entregó a la comunidad maká. De acuerdo a los registros del instituto agrario, la finca era propiedad del Estado paraguayo hasta el momento de entregarse la fracción a la comunidad.

Gerardo Doll, el poderoso empresario que ejerce la titularidad de Enrique Remmele SACI, busca extender su dominio patrimonial pasando por encima de una comunidad indígena ¿Acaso no tiene suficiente?

La cámara de apelaciones de Villa Hayes tiene la responsabilidad de responder la apelación. Los camaristas Miguel Said Bobadilla, Lucio Ismael Portillo y Darío Estigarribia deben aplicar la ley tal como expresa: el rechazo de la solicitud de Enrique Remmele SACI por extemporánea.

Mantener la medida cautelar dispuesta por la jueza Justina Venialgo es una oportunidad para proteger las tierras que pertenecen al pueblo maká.

Los maká intentan mejorar sus condiciones de vida, no todas las familias cuentan con una vivienda digna; son decenas las que viven en precarias chozas, dentro de la comunidad.

En procura de levantar casas para aquellas familias que carecen de techo adquirieron tapas en desuso de barcazas para utilizarlas como techo quedando pendiente la instalación de las paredes.

El proyecto no logró avanzar debido a que siguen aguardando la entrega de las tapas; aunque se efectuaron los pagos, la empresa transnacional responsable de la venta aún no facilita las piezas en desuso que serán empleadas como techos para nuevas viviendas.

Andres Chemei, cacique de la comunidad, ya es anciano y sabe que su pueblo se encuentra en una encrucijada histórica. Reclama la protección e intervención de las instituciones del Estado en defensa de su comunidad.

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