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“Con esta mentira permiten que el Estado tenga el espionaje. El hecho generador para que un juez pueda ordenar las intervenciones de nuestras comunicaciones, por un tiempo de seis meses. (Aunque) creemos nosotros que estábamos siendo intervenidos hace mucho tiempo”, indicó el senador Eduardo Petta San Martín, al ser abordado sobre la denuncia que será presentada mañana a raíz de la que realizó Luis Canillas, funcionario de la Entidad Binacional Yacyretá, sobre un plan de asesinar al presidente Cartes.
Señaló que la denuncia ya debió presentarse hoy, pero se retrasó debido a que ahora hay nuevos hechos “como la supuesta prueba que presenta el denunciante que fue alterada con 2.000 mensajes borrados”.
Lanzó duras críticas a la labor del fiscal interviniente, considerando que “en los elementos probatorios que presentaron al Ministerio Público no hay un solo texto relacionado a la posibilidad o los actos preparatorios de un magnicidio”. Por este motivo, dijo que llama la atención que la Fiscalía dé curso a una denuncia que “no sólo es ilegal, sino también ilícita”.
Dijo que el objetivo de esta movida de los oficialistas es destituir a Robert Acevedo de la titularidad del Congreso Nacional, a través de la imputación de los supuestos responsables, para tener el camino libre y tratar un nuevo pedido de enmienda constitucional. “El objetivo es sacarlo de la Presidencia, a través de la presión para renunciar o la destitución y de esta manera anular el acta de la sesión del 25 de agosto de 2016 y así tratar la enmienda. Se inicia con una falacia y va cayendo en la medida que van pasando los días”, criticó Petta en diálogo con ABC Color.
Petta detalló que la denuncia que presentarán se basará en los artículos 144 del Código Procesal Penal, sobre Violación de las Comunicaciones, 289 del Código Penal, sobre denuncia falsa y el 310 y 34 que establecen la tentativa para la instigación de la persecución de inocentes. Además de esto, agregó que ahora están analizando las pruebas de los mensajes alterados.
Además de Petta, los legisladores que apoyan esta denuncia son los senadores Mario Abdo Benítez, Silvio Ovelar, Desirée Masi, Enrique Bacchetta, Luis Alberto Wagner, Blanca Ovelar, y Robert Acevedo, con la asesoría jurídica de los abogados constitucionalistas Juan Kohn Gallardo y José Casañas Lévi.