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1974. El entonces dictador Alfredo Stroessner había adquirido una serie de propiedades en la zona de lo que hoy es conocido como Barrio Madame Lynch de Asunción. Los lotes adquiridos por el presidente paraguayo sumaban una superficie total de 18.190 metros cuadrados.
La intención del dictador era unificar todos los lotes y convertirlos en una sola propiedad para entregársela a su hijo Freddy. Así fue que decidió llamar al entonces intendente de la capital, Guido Kunzle, y ordenarle que pusiera a su nombre los terrenos correspondientes a las calles que dividían los diferentes lotes. Básicamente, eran una molestia para las pretensiones de quien durante 35 años dirigió los destinos del Paraguay a sus antojos.
“El entonces presidente Alfredo Stroessner, quien se encargaba de nombrar a los intendentes, me envió los documentos para transferir los espacios municipales a favor de uno de sus hijos”, contaría Kunzle hacer un par de años. Fue así que el 20 de diciembre de 1974, ante el escribano Esteban Rapetti, se estableció la permuta de una superficie de más de 7.000 metros cuadrados de terrenos municipales a cambio de dos cuya superficie totalizaba apenas 727 metros cuadrados. Por lejos, la comuna capitalina estaba perdiendo.
Además, la transferencia fue desde todo punto de vista ilegal puesto que sólo la Junta Municipal podría haber autorizado esa operación según la normativa municipal vigente entonces. Apañados por esta irregularidad, Freddy Stroessner dio inicio a la construcción de una fastuosa mansión. Los trabajos se vieron frenados en 1993, con su muerte, aunque el predio quedó a nombre de su viuda Marta Rodríguez (hija de Andrés Rodríguez, quien encabezara el golpe que depuso al dictador) y sus hijas Bibiana, Alexandra, Solange y Geraldine Stroessner Rodríguez.
El pasado 3 de agosto, luego de casi 41 años de haberse cometido esta irregularidad, la jueza de primera instancia María Angélica Calvo decidió anular el contrato por el cual se cedieron los terrenos municipales de manera irregular a la familia Stroessner. El proceso había sido iniciado en 2009 y la demanda fue entablada por la Procuraduría General de la República contra Marta Rodríguez Vda. de Stroessner; sus hijas Bibiana, Alexandra, Solange y Geraldine Stroessner Rodríguez, el escribano Esteban Rapetti y la Municipalidad de Asunción.
“Es un fallo histórico”, señaló Renzo Cristaldo Garay, procurador delegado y quien ejerció la representación legal del Estado en el proceso en los últimos tiempos. La importancia del fallo radica en que es la primera vez en la que durante una causa de tierras malhabidas de los años de la dictadura se trata la cuestión de fondo: la nulidad o no de la cesión de las propiedades. “En esta por fin la jueza se animó a tratar la cuestión de fondo. Por eso yo creo que es una decisión histórica”, agregó Cristaldo Garay. El procurador delegado resaltó el valor significativo del fallo pues se trata de la familia Stroessner y de un caso de ocupación de espacios públicos de varias décadas.
Recordó que hace un par de años la familia trató de llegar a un acuerdo privado con la comuna por el cual cederían los espacios públicos, a fin de que la municipalidad se hiciera cargo de la reapertura de las calles. Sin embargo, desde la perspectiva de Cristaldo Garay no tendría el mismo impacto. “No iba a tener el impacto que tiene una declaración judicial de nulidad donde se acredite que se cometió una irregularidad. Lo significativo es que eso conste en una sentencia, por todo el proceso histórico que vivió nuestro país en el que tanta expectativa hay de que la gente que alguna vez hizo daño pague las consecuencias”, aseveró.
Pero ¿qué se recuperó?, le preguntamos a Cristaldo Garay. “El Estado no recuperó la casa”, explica enseguida el procurador delegado. Y es que los diferentes lotes que se unificaron y para lo cual se cedió de manera irregular espacio público siguen perteneciendo a la familia Stroessner.
“Lo que la Municipalidad de Asunción recuperó a través de nuestra gestión son las calles que eran del dominio público. Eso es lo que se recupera”, continuó. Para ser más precisos, el fallo de la jueza María Angélica Calvo permitió la recuperación de 7.810 metros cuadrados que pertenecían a la Municipalidad y que fueron cedidos en una permuta a la familia Stroessner.
“Hablamos de los tiempos en los que la orden superior era ley, entonces se dio una orden superior y se le otorgó todo esto a la familia Stroessner”, apuntó Cristaldo Garay.
Otro punto resaltante es el que la cesión de las tierras se realizó a través de una permuta por la cual a cambio de los 7.810 metros cuadrados de calles, la familia entregó dos propiedades que juntas sumaban una superficie de 727 metros cuadrados. Desde todo punto de vista, la comuna salía perdiendo, aunque en algún momento la defensa trató de justificar el proceso diciendo que se trataba de un negocio en el que ambas partes ganaban.
Los Stroessner recibieron el equivalente a más de diez veces la superficie de tierra que entregaron. ¿Ganancia? Ninguna, al menos no para la comuna
Parte del edificio principal de la propiedad ocupa una calle, por lo que para poder reabrir la arteria se deberá derrumbar la construcción. Con esta decisión, las calles Sargento 1º Benítez, Prof. Emiliano Gómez Ríos y Tte. Nery Quevedo podrán continuar con sus tramos normales.
El proceso se inició en 2009, por el procurador José Enrique García, con patrocinio del asesor legal Dr. Julio César Berino y con la firma de la procuradora delegada Romina Rolón. Una vez que asumió Roberto Moreno, actual procurador general, fue Cristaldo Garay el que siguió el proceso hasta que se llegara a una sentencia. Además, sobre la propiedad existe una orden de no innovar hasta que exista una condena firme y ejecutoriada.
Cristaldo Garay cree que difícilmente se plantee una apelación por parte de la familia Stroessner. De hecho, sería bastante difícil de sostener debido a que en su momento ni siquiera contestaron la demanda. En principio, la familia del dictador basó su defensa en una cuestión procesal, tratando de evitar que se discutiera la cuestión de fondo y argumentando que al ser propiedades municipales, el Estado no tenía legitimidad para entablar la demanda. La jueza decidió resolver el proceso basándose en la cuestión de fondo.
Para poder ocupar la casa, como pretenden grupos de activistas por los Derechos Humanos y víctimas de la dictadura, se debería atravesar el engorroso trámite de expropiación para lo que se necesita una ley expedida desde del Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo. Si se realizara este proceso, además se debería pagar a la familia Stroessner por el inmueble. Algo que algunos consideran un despropósito.
juan.lezcano@abc.com.py - @juankilezcano
Infografía: Rodrigo Pujol (rodrigo.vergara@abc.com.py - @PujolRodrigo)