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El sábado 2 de setiembre, el juez Leongino Benítez, del juzgado Penal de Garantías de la Ciudad de Capitán Bado, inexplicablemente firmó la libertad de “Barón” Escurra, quien fue arrestado solo un año atrás, en agosto de 2016, tras un enfrentamiento a tiros con agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas en Pedro Juan Caballero.
En Brasil tiene antecedentes por narcotráfico y es considerado uno de los principales exportadores de marihuana desde Capitán Bado hacia el vecino país, por lo que se lo conoce como “Baräo da maconha”; también soporta orden de detención en Brasil por tráfico de drogas y lavado de dinero.
La noche del 12 de setiembre de 2012, la Policía brasileña interceptó una llamada de “Barón” con un criminal identificado como José Marcelo Da Silva, preso en la cárcel de Campo Grande (Brasil), en la que planeaban la muerte del corresponsal de ABC en Amambay, Cándido Figueredo Ruiz, ya que estaba molesto por las constantes publicaciones de sus actividades ilícitas en la frontera.
"¿Sabés qué puso en el periódico? Que tengo aviación, que bajo cosas de Bolivia; ahora me estoy aguantando, pero apenas tenga dinero voy a mandar bala a este hijo de...”, dijo en parte de la conversación.
“Ahora solo tengo una camioneta. La Policía está todo el tiempo atrás de mí, pero apenas tenga más dinero y consiga más vehículos, ya que tres camionetas mandé esta semana, pero apenas consiga (más rodados) soluciono este problema con este tipo (Cándido Figueredo)”, aseguró en otro momento.
En aquel entonces, el gobernador del departamento de Amambay, Juan Ramírez (PLRA), había dicho que los materiales periodísticos sobre pistas clandestinas publicados en ABC con la firma de Figueredo ocasionaron problemas a Escurra y su banda de narcotraficantes, por ello planearon su asesinato.
A raíz de esta amenaza, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) pidió aquel año a las autoridades de Brasil y Paraguay que garanticen la seguridad del comunicador y arresten al narcotraficante.
El narco habría incluso ordenado el atentado en que murieron el presidente de la Junta Municipal de Capitán Bado, Epifanio Palacios (ANR), y otras dos personas, el 6 de marzo de 2008, como represalia por el ataque a tiros que ocurrió cuatro días antes en el cual murió un hermano suyo y seis de sus hombres.
Pese a sus antecedentes y al peligro que representa, el juez Leongino Benítez ordenó su libertad de forma casi inadvertida.