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El pasado 23 de marzo, el proyecto de Ley General de Tránsito y Seguridad Vial, que elimina todos los poderes de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) fue sancionado con un total de 24 votos en la Cámara de Senadores. Con esa determinación se dispuso la eliminación del cobro de G. 10.000 y G. 20.000 que realiza esta ONG, a través de las municipalidades, por gestión de registro de conducir.
Sin embargo, el proyecto debería haber sido elevado al Poder Ejecutivo para su estudio y posterior promulgación o veto. Hasta el momento, la Ley no llegó, informaron fuentes de la Presidencia.
Consultado sobre la situación del proyecto, el secretario General del Senado, Antonio Sánchez, explicó que la crisis en el Senado inició poco después de la sanción del citado proyecto y, a causa de la quema del Congreso, aún no han podido remitirla al Ejecutivo.
“Aunque la Secretaría General no fue dañada directamente, no podemos procesar ningún documento porque no tenemos ni siquiera luz en el lugar”, agregó. Respecto a cuándo estarían procesando el documento, admitió que aún no tienen fecha y recién ayer comenzaron a retomar sus labores.
Si bien es cierto que no existe plazo alguno para que el Congreso remita al Ejecutivo los proyectos sancionados, la ciudadanía no ha parado de cuestionar que continúe el negociado.
Una vez que la Presidencia reciba el proyecto tiene un plazo máximo de 20 días para resolver si vetarlo o promulgarlo, dependiendo de la extensión del documento.
Mientras el proyecto para eliminar atribuciones de la Opaci sigue durmiendo en el Parlamento, la gente sigue pagando a la ONG por trámites relacionados al registro de conducir en las municipalidades.
Incluso, el expresidente de Opaci, Ricardo Núñez, había anunciado el pasado 27 de marzo que la presidenta actual de la organización solicitaría una audiencia con el presidente Horacio Cartes, a fin de pedirle el veto del proyecto aprobado en el Congreso que quita atribuciones al ente.