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El municipio capitalino había accionado contra los artículos de la Ley de ITV que otorgaban a la Dirección Nacional del Transporte (Dinatrán) la potestad de realizar los controles técnicos en la ciudad.
Con la resolución firmada en la fecha, esta normativa no rige en Asunción, donde se continuará trabajando con Ivesur.
La acción de inconstitucionalidad estaba basada en la autonomía de la comuna para encargarse de la inspección técnica o firmar contratos directamente con empresas para establecer un servicio tercerizado.
“La inspección técnica vehicular es una atribución municipal y debe ser ejercida por la comuna, ya sea por medios propios o a través de una concesión (como es el caso de Ivesur)”, señala la municipalidad en su escrito, ya admitido por la máxima instancia judicial.
Los abogados citaron el artículo 166 para señalar que la Ley 3.850/2009 “viola la autonomía municipal”.
La normativa objetada dispone en su artículo 4º que será la Dinatrán la encargada de aplicar la ITV en todo el país.
En el artículo 5º se menciona incluso que solo la Dinatrán podrá autorizar los centros de inspección técnica vehicular (CITV).
La acción igualmente recurre contra del artículo 14º, que establece los siguientes costos: Seis jornales para ómnibus y camiones de más de seis toneladas, tres jornadas para automóviles y un jornal para motocicletas.
Por otra parte, la comuna objetó ante la Corte el artículo 15º de la ley aprobada en el 2009, que establecía que la Dinatrán obtendría el 5% de la facturación por cada inspección realizada, al igual que a los municipios y la Setama.
Sin la vigencia de la Ley de ITV, que dejaba el control en manos de Dinatran, el municipio es libre para firmar concesiones con otras empresas y exigir la inspección técnica a los automovilistas que deseen obtener la patente en la capital.
En la práctica, la certificación de Ivesur continuará siendo una obligación en la ciudad, al menos hasta el 2018, año en que expira el contrato con la municipalidad.