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En un material audiovisual subido a un canal de YouTube, una indígena de nombre Amelia Flores, de la comunidad Santa Teresita de la ciudad de Mariscal Estigarribia (Chaco), acusa al candidato a vicepresidente de la República por la Alianza Ganar, Leo Rubin, de haber abusado sexualmente tanto de ella como de otra joven (que ya falleció) hace aproximadamente 17 años, en una visita que había realizado a la zona.
Aunque en el material admite que no recuerda nada, por el estado de ebriedad en que se encontraba, asegura que Rubin es el padre de su hija, quien supuestamente nació como fruto de esa situación.
La mujer acusa incluso a la esposa de Rubin, Mariana Franco, de haber acudido al lugar en varias oportunidades a pedirle que aborte.
En la entrevista alzada a dicha red social no se puede determinar quiénes serían los autores, ya que, cuando habla el entrevistado, el video queda en silencio y no tiene créditos.
Rubin respondió a estas acusaciones con un comunicado en que anuncia que se practicará una prueba de ADN, dejando las pruebas disponibles en el laboratorio para que la mujer acuda a aportar el material genético de la adolescente para la comparación, en caso de que esté interesada.
Durante la conferencia de prensa en la que negó categóricamente estos hechos, denunció que se trata de una “descarada y sucia campaña difamatoria”.
Reiteradamente, negó “haber cometido una conducta indebida o perjuicio alguno que pudiere afectar a la señora o vulnerado derechos de terceros, así como negamos rotundamente que haya tenido una relación con la misma y la paternidad de la niña”.
“Sentimos profundamente si es que la señora está siendo manipulada por personas inescrupulosas que buscan dañar a nuestra familia y que, a pocos días de la celebración de las elecciones, ciertos grupos busquen a través de mentiras engañar a los electores y dañar la democracia en el Paraguay”, señala el comunicado que leyó Leo esta mañana.
"Es una clara muestra de la persecución que recibimos los defensores de los derechos en este país. Busca desacreditar la labor de cientos de defensores del acceso a la tierra y defensores del medio ambiente", señaló Mariana Franco.
Por su parte, el abogado Jorge Bogarín refirió que están analizando las circunstancias de este hecho, que tiene "una altísima connotación política", y anunció el inicio del proceso de ADN.
Dijo que ya iniciaron las acciones para determinar quiénes son los responsables y denunciar ante la Secretaría de la Niñez el hecho de que en el audiovisual se expone indebida e ilegalmente a una menor con discapacidad.
Anunció que también investigarán el caso de la funcionaria de la Codeni, de apellido Servín, quien supuestamente fue la encargada de recibir la denuncia hecha por la indígena y, en lugar de darle curso, por la gravedad de los hechos, optó por encajonarla.
Resaltó también lo llamativo que es que esta denuncia supuestamente se haya presentado en la Codeni de Mariscal Estigarribia ya en el 2015 y la funcionaria no haya acudido a la Fiscalía. Por ese motivo, también accionarán en contra de la misma para que sea sometida a una investigación o sumario. “Creemos que fue manipulada”, opinó.
"Creemos que hay personas que están detrás de la denuncia. Es llamativo que aparezca a pocos días de las elecciones generales. Es un tema con alta connotación política pero no podemos acusar a nadie sin saber quien está detrás. Vamos a impulsar una profunda investigación de los hechos", manifestó el abogado.