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El primer logro del Ejecutivo fue la modificación de la ley 1337, “De Defensa Nacional y Seguridad Interna”, de manera a que el Gobierno disponga la incursión de las Fuerzas Armadas, en caso de ser necesario.
La modificación a la ley surge luego de un ataque perpetrado por un grupo comando del autodenominado grupo criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que tomó por asalto un campamento de la estancia “Lagunita” de Tacuatí, el sábado 17 de agosto.
Los criminales ejecutaron al jefe de seguridad Feliciano Coronel Aguilar y a cuatro guardias de seguridad. A la zona del ataque se dirigía un vehículo policial que también fue emboscado y atacado con bombas, disparos de fusil y pistola por otro grupo del EPP.
El suboficial 1° Justino Vázquez, conductor de la camioneta, quedó atrapado en medio de la trampa y resultó baleado, aunque se defendió con su arma y aguantó hasta que fue rescatado por sus camaradas, en medio de otra balacera.
Un tercer equipo de asalto del EPP atacó a los policías que llevaban a Vázquez a un centro asistencial. Cuatro bombas y disparos causaron solo daños materiales al vehículo.
Al día siguiente, en horas de la noche del domingo, se produjo un nuevo ataque, donde resultaron víctimas tres oficiales de la Policía. Los agentes resultaron con heridas de refilón y se salvaron gracias a que llevaban chalecos antibala.
Luego de la serie de ataques, Cartes ordenó el desplazamiento de los militares hacia Tacuatí, lo que se constituyó en el primer paso hacia la modificación de la ley, que había sido solicitada por el propio jefe de Estado al Congreso Nacional.
El miércoles 21, dos miembros del EPP atacaron un puesto policial de Arroyito, distrito de Horqueta. Sin embargo, los agentes reaccionaron y repelieron a los criminales. En ese entonces se manejó la información de que una masacre fue evitada.
Ese mismo miércoles, la Cámara de Diputados aprobó la modificación de la Ley 1337/99 para que el Poder Ejecutivo pueda disponer de forma inmediata el uso de las fuerzas militares contra actos de terrorismo, como los protagonizados por el EPP.
Al día siguiente, el jueves, el Senado aprobó las modificaciones de Diputados, tras dos horas de debate. Apoyaron la medida los partidos ANR, PLRA y Unace, recibiendo la oposición de Frente Guasu, Avanza País, PEN y PDP.
Ese mismo jueves, la modificación de la ley fue promulgada por Cartes y, desde el viernes, los militares iniciaron su incursión oficial en el monte, en la búsqueda de los líderes del EPP.
El proyecto de responsabilidad fiscal, propuesto por el equipo económico del Ejecutivo, planteó tres reglas básicas: El déficit fiscal anual de la Administración Central, incluidas las transferencias, no será mayor al 1,5% del PIB; el incremento anual del gasto corriente primario del sector público no podrá exceder a la tasa de inflación interanual más el 4% y 3; y no se podrá incorporar incrementos salariales, excepto cuando se produzca un aumento en el salario vital mínimo.
Básicamente, el proyecto de ley buscaba evitar que el Congreso apruebe un presupuesto desmedido de cara al 2014, evitando un déficit. De esta forma, se planteó que sea el Poder Ejecutivo el que aplique los recortes correspondientes, según la disponibilidad de dinero de las arcas del Estado.
En sesión ordinaria, el Senado aprobó el 26 de setiembre el proyecto de ley de responsabilidad fiscal que había sido presentado por cinco bancadas: ANR, PLRA, Partido Democrático Progresista (PDP), Avanza País y Encuentro Nacional, grupo al que, posteriormente, se sumó Unace.
La bancada del Frente Guasu fue la única que estuvo en contra del proyecto que, finalmente, fue aprobado y remitido a la Cámara de Diputados.
Luego de que el 16 de octubre Diputados haya dejado sin quórum la sesión, la ley fue aprobada el 21 de octubre en sesión extraordinaria. Durante la plenaria, el vocero de la Comisión de Presupuesto y diputado por la ANR, Mario Cáceres, dio a conocer el dictamen favorable, explicando que la ley limitará los excesos que se han venido cometiendo en el Congreso dentro del presupuesto.
La bancada del Frente Guasu nuevamente expresó su disconformidad por el proyecto de ley, basándose en los mismos argumentos esgrimidos por los legisladores de la coalición en el Senado.
No obstante, la ley fue aprobada por 75 votos a favor y tan solo 1 en contra y, posteriormente, fue remitida al Poder Ejecutivo.
A finales de octubre, el Ministerio de Hacienda había iniciado el proceso de reglamentación de la nueva ley de responsabilidad fiscal, como mecanismo para contener el gasto público. Finalmente, la legislación fue promulgada el 31 de octubre.
Otro de los grandes logros de Horacio Cartes en el Congreso Nacional fue la promulgación de la ley 5.102 “De Promoción de la Inversión en Infraestructura Pública”, más conocida como Alianza Público-Privada, que contempla la apertura de licitaciones para concesionar servicios del Estado a empresas del sector privado.
Específicamente la ley busca establecer normas y mecanismos para promover, a través de la participación público-privada, las inversiones en la infraestructura pública y en la prestación de los servicios a que las mismas estén destinadas así como en la producción de bienes y en la prestación de servicios que sean propios del objeto de organismos, entidades, empresas públicas y sociedades en los que el Estado sea parte, según detalla en su artículo 1.
La ley fue presentada al Congreso por el equipo económico del Gobierno y fue impulsada, principalmente, por legisladores del Partido Colorado, tanto en Senado como en Diputados.
El pasado 28 de octubre, luego de un prolongado debate, la Cámara de Diputados aprobó la ley. Por amplia mayoría, los legisladores de la Cámara Baja dijeron “sí” a la versión del Senado, sin incluir las modificaciones sugeridas por algunos congresistas que alegaron que, con la ley, se iba a dar un “superpoder” a Horacio Cartes.
Diputados del PLRA también votaron a favor de la versión del Senado, lo que generó una serie de discordias en el seno del partido, que actualmente es la “segunda fuerza” en el Congreso Nacional.
Ese mismo día, miles de funcionarios de entes estatales se congregaron en la Plaza de Armas, frente a la sede del Poder Legislativo, para expresar su voz de protesta contra la ley. Tras la aprobación, hubo una serie de enfrentamientos que no pasó a mayores.
La oposición al proyecto de ley, impulsada principalmente por los gremios más fuertes de ANDE, Essap, Copaco-Vox y Petropar, organizó una serie de manifestaciones en contra de la ley. Inclusive, sindicalistas del ente regulador de energía electica irrumpieron en la sede del Partido Colorado, protagonizando actos vandálicos.
El denominador común de las protestas giraba en torno a que la alianza público-privada surgía de la intención de privatizar a los entes estatales lo que, según los gremialistas, dejaría sin trabajo a miles de paraguayos.
Hasta el momento, tanto el sector público y privado espera observar los resultados de la aplicación de la ley.