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“Apoyame a mí para diputado y vas a ver actuar a un diputado que vale!” (sic), ese es uno de los tantos mensajes que le escribió el hoy diputado por Concepción Bernardo Villalba al condenado cabecilla del Primer Comando Capital, Carlos Antonio Caballero, alias “Capilo”. Era el 13 de febrero de 2011, faltaba poco menos de un mes para las internas partidarias de la ANR y el exjuez de Pedro Juan Caballero comenzaba a preparar su candidatura de cara a las elecciones generales de 2013.
Villalba intentó negar por todos los medios que le hubiera pedido algún tipo de apoyo al narcotraficante que en aquel entonces afrontaba un proceso judicial que terminó con su condena este año. Sin embargo, en los mensajes que intercambió con “Capilo” llegó incluso a pedirle la suma de US$ 5.000 para las elecciones partidarias de marzo de aquel año.
El diputado del primer departamento es tan solo uno de los tantos políticos que han sido vinculados de alguna u otra manera con el narcotráfico.
Una enorme red, en la que por momentos es muy fácil perder al tratar de seguir las relaciones entre unos y otros. es la que vincula a políticos con importantes capos del “negocio” de las drogas. Este diario dio a conocer en una serie de notas, cuya primera parte llega a su fin este domingo, las “narconexiones”, en base a documentos de Paraguay, Brasil y Estados Unidos, además de llamadas y mensajes interceptados por la Senad a los teléfonos de los narcos.
Los nombres de los diputados Bernardo Villalba, Freddy D’Ecclesiis y Marcial Lezcano, los exparlamentarios Magdaleno Silva y José López Chávez, además del legislador suplente Carlos Rubén Sánchez, alias “Chicharõ”, han sido vinculados de diferentes maneras.
El primero, como ya se señaló líneas arribas, es el diputado colorado Bernardo Villalba. El legislador y exjuez coadyuvó con Pedro Wilson Marinoni (N. de la R.: esposo de la también diputada Cynthia Tarragó) en casos en los que se vieron involucrados varios “peces gordos” del narcotráfico como el mismo “Capilo” -enjuiciado con Jarvis Ximenes Pavão-, además de Jonathan Wink Soligo y su padre Erineu “Pingo” Soligo.
Con “Capilo” mantenían constante comunicación vía mensajes de texto en la época en la que la Senad había intervenido el teléfono del líder del PCC. Fue así que se dio a conocer el pedido de apoyo, de dinero y hasta las visitas sin registro que realizaban al narco en la Agrupación Especializada, donde alguna vez le llevaron hasta un “salmón” de regalo.
Una vez en el Congreso, Villalba fue el férreo defensor del proyecto de ley que prohibía la extradición de imputados por narcotráfico… algo que hubiera sido muy conveniente para Pavão y Caballero. El concepcionero se mantuvo en su postura, incluso después de que el Senado rechazara el proyecto y cuando casi todos sus colegas decidieron volver sobre sus pasos tras haberlo aprobado en la primera semana de sesiones de la nueva Cámara y sin contar con dictamen de comisión alguna.
“Capilo” contaba además con la protección de los hoy exdiputados José López Chávez y Magdaleno Silva. El primero se encargó de presentar el proyecto de ley para evitar su extradición -que luego defendió Villalba-, mientras que el segundo mantenía constantes y amigables comunicaciones telefónicas.
Las polémicas de Villalba relacionadas con el narcotráfico datan de hecho de hace más de una década. En 2001, cuando aún era juez, ordenó la incautación de una narcoavioneta y la cedió de manera irregular a la Corte Suprema de Justicia. La máxima instancia judicial perdió más de G. 600 millones haciendo reparar la aeronave, que luego fue rematada y el dinero que se consiguió por su venta otorgado al Ministerio Público y la Senad.
En marzo de 2004, luego de que la Corte abriera un sumario y era inminente su juicio en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Villalba decidió renunciar. Hoy repite constantemente que lo hizo para poder pagar los estudios universitarios de sus hijos.
Los antecedentes dicen otra cosa.
La familia D’Ecclesiis es vinculada al narcotráfico hasta en los Estados Unidos. Allí fue detenido y condenado en 2002 Iván Luis, primo del diputado por San Pedro Freddy D’Ecclesiis, con cocaína lista para ser vendida. De acuerdo a fuentes de organismos de seguridad norteamericanos, Iván formaba parte de una red de narcotráfico con conexiones en Paraguay… conexiones que nunca se investigaron en nuestro país.
Unos años antes, en 1997, Víctor Raúl -hermano del diputado- fue detenido en Uruguay por cargos de tráfico. En 2006 volvió a ser detenido, pero ya en Paraguay, luego de que se encontrara un cargamento de droga en una estancia de los D’Ecclesiis a la que se llegó tras conseguir las coordenadas en las que una avioneta había dejado la “mercadería”.
Con Víctor Raúl fue detenido en aquella oportunidad Christian Villaalta, hijo del líder colorado de Pedro Juan Caballero Faustino Villaalta y de Cirila Concepción Cubas, que llegaría luego a ser diputada y actualmente es parlamentaria del Parlasur. Algunas versiones señalan que la estancia en la que fue incautada la droga sería en realidad del diputado, pero que el mismo se la regaló a su hermano luego de hacerse cargo del cargamento y de pagar la culpa él. Existen relatos además de que Freddy se encontraba en el lugar al momento de la incautación pero que consiguió huir.
En su defensa, el diputado aseguró que no podía cargar con las culpas de sus familiares. Sin embargo, de acuerdo con datos de la Senad, el político colorado mantenía constantes comunicaciones con Mario Giménez Noguera, uno de los cabecillas de un clan familiar vinculado al narcotráfico, quien a su vez se comunicaba con frecuencia con Magdaleno Silva.
Las conversaciones entre D’Ecclesiis y Giménez Noguera giraban en torno a drogas, dinero y hasta transferencia de inmuebles, de acuerdo con los datos que consiguió la Senad mientras intervenía el teléfono del narcotraficante. El diputado pretendía aprobar la construcción de una pista de aviación en un terreno de su propiedad en una compañía de Santaní.
En marzo de 2013, efectivos de la Policía encontraron 27 preservativos cargados con cocaína líquida lista para ser enviada a Europa en el interior de una lujosa camioneta Toyota Hilux. A bordo de la camioneta viajaban el suboficial 1º Águedo Ronaldo Lezcano Paredes, quien hasta días antes cumplía funciones en Inteligencia en la Jefatura de Policía de Amambay, y su primo Félix Adilson Paredes.
El efectivo policial es hermano de quien en aquel entonces era candidato a diputado por el Partido Colorado por el Amambay, el exconcejal de Pedro Juan Caballero Marcial Lezcano. La droga debía ser entregada a una “mula” en el aeropuerto Silvio Pettirossi, desde donde debía continuar su viaje hasta el viejo continente.
El suboficial 1º cumplía funciones en Inteligencia de la Policía de Amambay, desde donde tenía acceso a información confidencial que hacía llegar a la organización encabezada por Cabeça Branca, a fin de conseguir evitar los controles policiales y poder continuar tranquilamente con el negocio.
Semanas después, el efectivo policial consiguió abandonar el Penal de Tacumbú, donde guardaba reclusión, luego de que el fiscal que debía investigarlo, José Luis Casaccia Varas, solicitara su sobreseimiento provisional, medida aceptada a velocidad de rayo por la jueza de Capiatá Norma Salomón.
La medida fue conseguida luego de que su hermano, que ya llevaba varios meses como diputado de la nación, realizara algunas “gestiones”. Tras salir libre, Águedo habría vuelto a encargarse de los envíos de cargamentos de droga que pertenecerían al capo Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeça Branca, según fuentes.
El mismo diputado Marcial Lezcano llegó hasta el reclusorio con el documento firmado por la jueza Salomón para poder acompañar a su hermano menor de regreso a la libertad. La jueza y el fiscal de la causa fueron sancionados por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por la serie de irregularidades en las que incurrieron en el proceso. Sendos pedidos de reposición los mantienen en su cargo, aunque el titular del JEM anunció días atrás a ABC Color que ya rechazaron las medidas y que comunicarán a la Corte Suprema la suspensión de ambos en los próximos días.
En octubre pasado, una joven fue detenida en San Lorenzo con poco más de dos kilos de cocaína. De acuerdo a la declaración de la mujer, la droga pertenecía al narcopolicía.
Carlos Rubén Sánchez, alias “Chicharõ”, es considerado como mano derecha del capo Luiz Carlos da Rocha, más conocido como Cabeça Branca, el mayor narcotraficante del Brasil. El hoy diputado suplente colorado fue condenado en Brasil por uso de documentos falsos y lavado de dinero del narcotráfico. Pese a encontrarse prófugo, decidió presentarse como candidato a diputado suplente por la ANR en la lista encabezada por Marcial Lezcano.
Sus defensores, los diputados Lezcano y D’Ecclesiis, repetían hasta el cansancio que el bueno de “Chicharõ” era inocente y que en realidad todo se trataba de una campaña mediática en su contra por parte de gente envidiosa de la zona de Amambay. Sin embargo, un juez federal brasileño confirmó a este diario que había condenado a Sánchez Garcete por lavado de dinero… dinero proveniente del narcotráfico.
“Chicharõ” es suplente de Lezcano, quien prepara su candidatura para las elecciones municipales de 2015, por lo que podría asumir como titular y beneficiarse así con los fueros parlamentarios. Una especie de blindaje de impunidad.
Uno de los últimos episodios en que se vio involucrado ocurrió en julio pasado, cuando la avioneta en que supuestamente se transportaba droga intentó aterrizar en un camino vecinal de Capitán Bado y mató a dos jóvenes mujeres y un pequeño niño. Hombres que serían secretarios del diputado suplente llegaron hasta el lugar, despojaron de su teléfono al sobreviviente y vaciaron rápidamente la avioneta.
Sánchez Garcete convocó a la madre de las mujeres para pedirle que no presentara denuncia alguna del caso; a cambio le daría una indemnización, además de hacerse cargo de los gastos de la funeraria y la construcción de lápidas de mármol para los tres fallecidos.
Pese a la existencia de todos estos datos, los legisladores insisten en negar su relacionamiento con los narcos, mientras que cuentan con la defensa corporativa de sus colegas que, lejos de convocar a los involucrados para realizar las averiguaciones pertinentes, decidieron llamar a las cabezas de los organismos de seguridad para recriminarles por la filtración de datos que ABC Color ha hecho públicos.
juan.lezcano@abc.com.py - @juankilezcano