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A 19 años del hecho, el hombre anuncia acciones judiciales para exigir la reparación del daño -que según denuncia- se causó a su honor.Ismael Aguilera Martínez se desempeñaba como subdirector de la Sección Producciones de la Policía Nacional cuando en diciembre de 1992 -según asegura- se encontró con una puerta sellada con un enorme candado, que ocultaba un impresionante número de archivos que documentaban las torturas y persecuciones durante la dictadura de Alfredo Stroessner.
"Llegué del interior el 20 de diciembre y encontré rastros importantes de que se llevaron ahí las documentaciones de Investigaciones. (Ese suceso) Metí en mi informe y lo llevé al entonces presidente del Senado, Francisco de Vargas", relató el comisario retirado.
Recordó que el legislador dio aviso al juez José Agustín Fernández y este a su vez al entonces docente Martín Almada, quien fue el encargado de llamar a toda la prensa para avisar sobre la intervención que se concretó a las 10:30 del martes 22 de diciembre de 1992.
"Yo actuaba en anonimato porque una vez ya me dieron de baja justamente por indisciplina. Si me hacía responsable, me iban a dar de baja otra vez", manifestó.
Consideró sorpresiva la declaración de Almada, quien en la ocasión -según relató- se adjudicó el hallazgo y aseguró que logró ubicar el sitio gracias a una investigación de 15 años y una revista de la Policía.
"No podía hacer nada. Me callaba y escuchaba la declaración", agregó.
Desmintió además que haya intentado evitar la llegada de una comitiva judicial hasta el lugar y aseguró que sólo esperaba comunicarse con sus superiores antes de permitir el ingreso.
Comentó que la nota sobre el descubrimiento de los "archivos del terror" generó que las autoridades policiales de la época lo envíen a Caazapá como castigo, hasta que en 1994 fue dado de baja sin motivo aparente.
PIDE REPARACIÓN DE "DAÑO"
Aguilera aseguró que en 1968 -durante el régimen de Stroessner- fue dado de baja por oponerse a las torturas en el Departamento de Investigaciones de la Policía.
"Allí había una masacre humana y no aceptaba eso. Me negaba a torturar y por eso me mandaron al calabozo. Después ya me sacaron por indisciplina, pero sin sumario ni nada", manifestó.
Un año después, fue reincorporado en la institución, aunque perdió los cinco años de antigüedad que había ganado antes de ser dado de baja, recordó.
"En 1994, antes de cumplir los 30 años de antigüedad me pasaron a retiro", manifestó.
El comisario retirado realizó este viernes una conferencia de prensa en la cual anunció un recurso de habeas data contra la Policía para determinar si hubo o no "mala conducta" en su actitud en 1968, de manera a que la institución se rectifique o ratifique sobre la medida.
Igualmente, el uniformado retirado remitió un telegrama al abogado Martín Almada "intimándole a que se ratifique o se rectifique por los medios de comunicación sobre sus declaraciones de que por medio de él se entregó el archivo del terror".
Por último, Aguilera pide que la Corte Suprema de Justicia -en cuya sede se resguardan los documentos de la dictadura- constituya una comisión que esclarezca las circunstancias en que se dio la entrega del archivo del terror.
"Llegué del interior el 20 de diciembre y encontré rastros importantes de que se llevaron ahí las documentaciones de Investigaciones. (Ese suceso) Metí en mi informe y lo llevé al entonces presidente del Senado, Francisco de Vargas", relató el comisario retirado.
Recordó que el legislador dio aviso al juez José Agustín Fernández y este a su vez al entonces docente Martín Almada, quien fue el encargado de llamar a toda la prensa para avisar sobre la intervención que se concretó a las 10:30 del martes 22 de diciembre de 1992.
"Yo actuaba en anonimato porque una vez ya me dieron de baja justamente por indisciplina. Si me hacía responsable, me iban a dar de baja otra vez", manifestó.
Consideró sorpresiva la declaración de Almada, quien en la ocasión -según relató- se adjudicó el hallazgo y aseguró que logró ubicar el sitio gracias a una investigación de 15 años y una revista de la Policía.
"No podía hacer nada. Me callaba y escuchaba la declaración", agregó.
Desmintió además que haya intentado evitar la llegada de una comitiva judicial hasta el lugar y aseguró que sólo esperaba comunicarse con sus superiores antes de permitir el ingreso.
Comentó que la nota sobre el descubrimiento de los "archivos del terror" generó que las autoridades policiales de la época lo envíen a Caazapá como castigo, hasta que en 1994 fue dado de baja sin motivo aparente.
PIDE REPARACIÓN DE "DAÑO"
Aguilera aseguró que en 1968 -durante el régimen de Stroessner- fue dado de baja por oponerse a las torturas en el Departamento de Investigaciones de la Policía.
"Allí había una masacre humana y no aceptaba eso. Me negaba a torturar y por eso me mandaron al calabozo. Después ya me sacaron por indisciplina, pero sin sumario ni nada", manifestó.
Un año después, fue reincorporado en la institución, aunque perdió los cinco años de antigüedad que había ganado antes de ser dado de baja, recordó.
"En 1994, antes de cumplir los 30 años de antigüedad me pasaron a retiro", manifestó.
El comisario retirado realizó este viernes una conferencia de prensa en la cual anunció un recurso de habeas data contra la Policía para determinar si hubo o no "mala conducta" en su actitud en 1968, de manera a que la institución se rectifique o ratifique sobre la medida.
Igualmente, el uniformado retirado remitió un telegrama al abogado Martín Almada "intimándole a que se ratifique o se rectifique por los medios de comunicación sobre sus declaraciones de que por medio de él se entregó el archivo del terror".
Por último, Aguilera pide que la Corte Suprema de Justicia -en cuya sede se resguardan los documentos de la dictadura- constituya una comisión que esclarezca las circunstancias en que se dio la entrega del archivo del terror.