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En una conferencia de prensa desarrollada en el domicilio del intendente Mario Ferreiro, donde estuvieron presentes directores de varias dependencias de la Municipalidad, la exdiputada Karina Rodríguez (PMAS) comunicó su renuncia por decisión personal al cargo de directora del Área Social, que ocupó desde el inicio del gobierno comunal de Ferreiro.
La exdiputada dijo que se aparta del cargo para evitar que “pescadores de río revuelto” saquen provecho para criticar a la administración del nuevo intendente Ferreiro. Rodríguez dejó en claro que con este gesto, desea demostrar que se hace cargo de la situación, y que seguirá los pasos jurídicos que corresponden tras su imputación por el caso de supuesto cobro indebido del asesor español Lino Valencia.
Aclaró que no permitirá que este caso represente “una mancha” en la gestión del intendente, por lo que prefiere dar un paso al costado y seguir cooperando desde otros espacios. “No es necesario un cargo para trabajar por la ciudad. Queremos demostrar a la ciudadanía que no estamos acá por el cargo”, recalcó la representante del Partido del Movimiento al Socialismo.
“No quiero que nuestro intendente esté dando explicaciones en vez de preocuparse de los problemas de la ciudad”, dijo Rodríguez en otro momento de la conferencia, al tiempo de dejar en claro que se retira “con la conciencia absolutamente tranquila”.
Mencionó que el tiempo que disponga a partir de ahora lo utilizará para transparentar su trayectoria, acompañando el proceso de investigación.
Una declaración que llamó bastante la atención se dio cuando habló de “pescadores de río revuelto, que entran a querer sacar ventajas. "Me llamó la atención las declaraciones de algunos actores políticos que tienen sentados a su lado a personas vinculadas a hechos ilícitos”, lanzó, sin querer entrar en más detalles.
Una vez más reiteró que no cometió “ningún delito”. “No hubo dolo ni enriquecimiento ilícito. No tuve ninguna intención de abusar del cargo, pudiéndome haber amparado en los fueros parlamentarios, como hacen otros”, insistió.
El intendente, por su parte, confesó que le sorprendió la decisión de Karina Rodríguez, ya que le parecía que con un permiso “era suficiente”. Recalcó la “permanente solidaridad” hacia Rodríguez, a quien se refirió en todo momento como “su compañera”.
El jefe comunal destacó la renuncia como un gesto contundente y poco frecuente en la historia política de Paraguay. Señaló que en las próximas horas se tomarán las consideraciones pertinentes con respecto a la nueva persona que ocupará el cargo vacante, y dejó constancia de su “plena confianza” en la justicia paraguaya.
El Ministerio Público solicitó para ambos la prohibición de salida del país sin autorización del juzgado y la obligación de comparecer los primeros días de cada mes, entre otros, ante el peligro que existe de fuga u obstrucción a la investigación, informó Perla Silguero, periodista de ABC Color.
Según consta en el acta de imputación, la asistencia del español fue registrada desde el 3 de setiembre de 2012 hasta el 19 de octubre de 2015 y resalta como hecho llamativo que la resolución de su nombramiento, con fecha 10 de setiembre de 2012 y su entrada en vigencia desde el 1 de setiembre, siendo que el mismo llegó al país recién el 21 de setiembre de 2012.
Desde su nombramiento hasta el 18 de octubre de 2013, Valencia estuvo asignado a cumplir tareas en la Dirección General de Administración y Finanzas del TSJE y a partir del 21 de octubre de ese año hasta su renuncia, el 1 de diciembre de 2015, estuvo comisionado a la Cámara de Diputados a cargo de la por entonces diputada Karina Rodríguez, quien desde ese momento avaló su asistencia estampando su firma al pie de cada planilla de asistencia.
Según la Fiscalía, Karina Rodríguez avaló la asistencia del español en días, incluso meses, en que ni siquiera se encontraba en el país, consintiendo de esta forma que perciba honorarios sin prestar el servicio a la Cámara de Diputados.