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Durante la sesión realizada el miércoles 21 último, el presidente de la Junta, el colorado Carlos Ferreira, dijo que de ahora en más atenderán a los pobladores los lunes a las 9:00. Afirmó que la disposición es supuestamente para atender mejor a los ciudadanos, en las comisiones asesoras del legislativo.
Argumentó que la medida se hace conforme al Artículo 72, referente a la “Participación de las organizaciones ciudadanas en las sesiones de las Comisiones Asesoras de las Juntas Municipales”. El referido artículo menciona que la participación en las Comisiones Asesoras se regirá por el reglamento aprobado por la respectiva Junta Municipal, pero no informaron si cuentan ya con ello.
Sin embargo, las sesiones son también de carácter público, de acuerdo al Artículo 70. Los concejales justificaron la medida con el argumento de que "ya es insostenible el avasallamiento de los pobladores hacia sus representantes·. También se enojaron con los ciudadanos porque les tratan de "ladrones y corruptos".
La gota que colmó la paciencia de los ediles fue la insistencia de los pobladores para que se deje sin efecto la vigencia del estacionamiento controlado y tarifado, que deja 75 % de ganancia a la empresa SL Parking, y a la comuna sólo 25 %, sin cumplir su cometido de ordenar el tránsito. Pero los legisladores, en su mayoría se muestran férreos defensores del sistema, que no tiene un plan de inversión ni de mejoramiento vial.
El presidente de la Junta, Carlos Ferreira, se mostró visiblemente ofuscado porque en el medio digital San Lorenzo PY se publicó "el presidente de la Junta Municipal Carlos Ferreira (imputado por hechos de corrupción)". La publicación hace alusión a que Ferreira, extitular de la Cooperativa “17 de Mayo”, que tuvo orden de detención en diciembre de 2017 por no presentarse a declarar. El político está acusado por el fiscal Fabián Centurión por los delitos de asociación criminal, producción de documentos no auténticos y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.
Por su parte, el concejal colorado Nelson Peralta, procesado por supuesto desvío de unos G. 7.000 millones cuando fungía de administrador de la comuna en el 2002, señaló que "nadie le va a mover de su silla", en la que está como concejal desde hace cuatro periodos, y más de 30 años en la Municipalidad. Acotó que solamente saldrá de la comuna si muere, o su esposa le retira su apoyo.
Pidió que los ciudadanos dejen en paz a su hermano Enrique Froilán Peralta Torres, que, aseguró, "no es ningún ladrón". Justificó que solamente utilizó fondos de la Universidad Nacional de Asunción destinados a docentes para pagar a funcionarios, entre ellos su exsecretaria privada, Tatiana Cogliolo, quien percibía un salario de G. 12.600.000 y contaba también con rubros de profesora de dos cátedras, siendo maestra parvularia.