Cargando...
Tras la admisión de todas las pruebas ofrecidas por las partes, la Cámara de Senadores decidió levantar la sesión e iniciar inmediatamente la segunda plenaria, en la cual los fiscales acusadores se explayaron en la exposición de los argumentos para la acusación, y ratificaron la veracidad de todos los puntos de la misma.
La diputada Kattya González, quien fungió de fiscala acusadora, refirió que existieron numerosas “falacias argumentadas por la defensa”.
Se refirió primero al argumento de que en la sesión del 6 de abril de 2016 no había quórum. Según Kattya, el defensor Jorge Bogarín “confunde al decir que se requerían 30 personas ese día, pues solo bastaba la existencia del quórum legal”, refutó González, al tiempo de criticar que el jurista “hizo un juego de palabras cuando habló de juzgar, cuando solo es proceso y sentencia”.
En cuanto al alegato del defensor sobre la inexistencia de una ley reglamentaria, que es causal para anular el juicio, Kattya puntualizó que la defensa “se olvida de que el reglamento interno tiene rango constitucional y basta el artículo 190 para ver que se otorga facultad constitucional a la Cámaras para dictar su propio reglamento”.
También la abogada y diputada citó la ley, recordando que “ninguna autoridad del Estado podrá negarse a desarrollar un derecho o garantía o pretexto de la inexistencia de una ley reglamentaria”, y añadió que enjuiciar a Blanco es “un derecho de la ciudadanía”.
Kattya cuestionó el hecho de que el defensor de Blanco “confundió la acusación con el dictamen de la comisión, y alegó que algunos senadores son jueces y parte, cuando eso es mentira”, expuso.
Negó también que el juzgamiento de fallos y del prevaricato convertirá a esta cámara en una cuarta instancia. “Eso es mentira porque es atribución constitucional de los senadores”, aseveró González.
Con relación a la teoría de la prueba a la que se refirió Jorge Bogarín cuando dijo que los acusadores deben probar los hechos, Kattya González recordó que “los hechos están probados”.
“Se tiene material sobrado para argumentar la expulsión de Sindulfo Blanco por la puerta chica del Poder Judicial”, resaltó la diputada.
Recordó también que, como fiscales acusadores, no enviarán a la cárcel al ministro, sino que “lo destituirán”, porque ha hecho “mucho daño al país”. Resaltó el hecho de que “la defensa en ningún momento negó la comisión de los hechos”.
La diputada finalizó diciendo que “todo lo que dijo la defensa es una mentira más de Blanco para volver a salvarse”, y que “los nueve puntos sostenidos están probados, existen, no son un invento. Solicitamos la condena del ministro Sindulfo Blanco”.
Por su parte, el diputado Ramón Romero Roa, otro de los fiscales acusadores, refirió que se ratifican en que la Corte, “con una práctica irresponsable para el sistema jurídico, creó la cuarta instancia a través de la sentencia constitucional, modificando en muchos casos fallos de la propia instancia”.
Por todo esto, dijo, ratifican la posición de la acusación.
Romero Roa enfatizó en que no tienen intención de “perjudicar a un ciudadano que llegó a ocupar el cargo más alto que aspira un profesional del derecho, sino en carácter de representantes del pueblo a llevar a cabo un juicio político para rectificar lo que está mal”, aseguró.
Añadió que la intención es “dar un ejemplo de que aquel que es nombrado en un alto cargo debe ejercer su tarea con excelencia dentro del marco de la ley”.
Finalizó aseverando que dejar a Blanco “terminar su mandato y acogerse a la jubilación sería un alto honor inmerecido como profesional”.