Cargando...
La denuncia presentada por su abogado Julio Alonso es por supuestos hechos punibles de “prevaricato, producción de documentos no auténticos, uso de los mismos y persecución al inocente” y tiene relación con la supuesta entrega de datos del cruce de llamadas de la causa sobre los incidentes de la quema del Congreso el 31 de marzo y posterior asesinato del joven Rodrigo Quintana.
Lea más: Así opera el gerente de Cartes
Ortiz afirma en su denuncia que se montó una situación “brutalmente simulada” en torno a los cruces de llamadas que ya están en manos de los medios de comunicación, que son presentadas como “noticia intrigante y novelesca”. Aclaró, en otro momento, que nunca fue llamado a declarar por el Ministerio Público en relación a ese registro de llamadas.
Cabe recordar que la empresa Tigo supuestamente entregó los datos a una persona sin identificar, a solicitud de la fiscala Brígida Aguilar, pese a que la agente del Ministerio Público denunció ayer que dicha solicitud se realizó falsificando su firma.
La denuncia expone que el agente fiscal a cargo deberá advertir objetivamente la “violenta manipulación” y la intención alevosa de generar un aparente concepto de que esos registros telefónicos podrían instaurar evidencia. Además, niega absolutamente su participación en hechos que se le atribuyen a raíz de su comunicación con las personas que aparecen en el cruce.
Lea más: La misma Fiscalía confirma las llamadas entre cartistas y Sotelo
En su denuncia, Ortiz pide que se inicie una investigación y se constituya en el despacho de la fiscala Brígida Aguilar para obtener datos y solicita al juez Alcides Corbeta que remita una copia autenticada del oficio que le fue enviado a la Empresa Telecel SA, que explota la telefónica Tigo, sobre los registros de llamadas que fueron solicitados.
Consultado, el abogado indicó que esperan también una investigación contra la empresa Tigo por el procedimiento de entrega de datos. "Estará ya a lo que resulte de la averiguación fiscal. Las responsabilidades evidentemente emergen de esto. Ya se solicita en este caso la investigación de cuál es el proceder y el manual operativo, porque en este caso, sin control judicial, estamos esperando que haya una orden judicial de cualquiera de los 360 agentes fiscales que pueden pedir información de una causa y guardarla en un proceso ‘paralegal’ o ‘parajudicial’”, dijo.
El abogado de Ortiz volvió a negar que el hombre cercano a Cartes tenga influencias o vínculos formales con el Gobierno. "Ese señor José Ortiz es proveniente del sector público (sic), no ejerce ningún cargo, por lo tanto su derecho a la privacidad y demás derechos consagrados están más protegidos aún. No ejerce, no forma parte del presupuesto nacional, proviene del sector privado", indicó.
"No tiene ninguna relevancia, es amigo del Presidente, es amigo de muchas personas. Es amigo también en su momento del comandante (Críspulo) Sotelo", afirmó justificando el hecho de que haya mantenido más de una veintena de conversaciones en los momentos más álgidos de los incidentes del 31-M.
Lea más: “Compraban” imputaciones
Insistió en que nada más era "un ciudadano preocupado por lo que estaba pasando". Cabe recordar que José Ortiz también es mencionado en una conversación entre el exsecretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Raúl Fernández Lippmann, y el abogado Carmelo Caballero, donde comentaban cómo desde su yate se operaba para fraguar imputaciones contra personas en el caso 31-M.