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En marzo del año 2014, seis adolescentes de sexo masculino de entre 16 y 21 años se pusieron de acuerdo y denunciaron presuntos acosos y manoseos por parte del entonces cura párroco de Paso Yobái, Gustavo Ovelar, y su vicario parroquial, Francisco Javier Bareiro Acosta.
En las declaraciones que brindaron ante la Fiscalía de Género de Villarrica (Guairá), a cargo de Perla Cáceres, las supuestas víctimas afirmaron que ambos sacerdotes los molestaban verbalmente con insinuaciones, propuestas sexuales y manoseos.
Estas acciones habrían ocurrido principalmente durante los retiros espirituales y actividades de la parroquia, pues los jóvenes se desempeñaban como voluntarios de la congregación religiosa. Incluso, uno de los jóvenes denunciantes manifestó que, al despertarse una mañana en uno de los retiros, encontró a uno de los curas acostado a su lado.
Estos hechos, según las denuncias de los jóvenes, habrían ocurrido en un lapso de tiempo transcurrido entre los años 2011 y 2013.
En su momento inicial, la denuncia había sido presentada ante el Ministerio Público de Villarrica bajo la figura penal de abuso sexual en personas bajo tutela. Tras la acusación, cuatro de los seis jóvenes se ratificaron, y dos decidieron negar el hecho, presumiblemente por temor a represalias. Entretanto, Ovelar y Bareiro también declararon ante la Fiscalía, y se calificaron la denuncia como una “maniobra” para ponerlos en contra de la comunidad.
Inicialmente, el caso ingresó a la Fiscalía de Género de Villarrica, a cargo de Perla Cáceres. Pero la agente no procedió a la imputación de los acusados. Su argumento fue que no podía caratular la denuncia como abuso, pues todas las víctimas eran mayores de 14 años.
Por ese motivo, el caso pasó a cargo de la unidad fiscal de Carlos Alvarenga, para de esa manera iniciar una investigación por acoso sexual. Pero nuevamente se presentó una traba, pues para que exista la tipificación de acoso, debe existir una relación de subordinación entre la víctima y el victimario.
Mientras los agentes fiscales se perdían en trabas y “pases de pelota”, los sacerdotes aprovecharon el tiempo y se refugiaron en la congregación a donde pertenecen: Oblatos de María Inmaculada (OMI).
La notoria coincidencia del caso es que la denuncia fue realizada por los jóvenes a inicios de marzo del año 2014, y, el 19 de ese mismo mes, la comunidad católica subió a su perfil de Facebook una fotografía grupal donde aparecen los dos sacerdotes denunciados, posando sonrientes y tranquilos. Esta imagen y más detalles del caso los encontrará mañana en la edición impresa de ABC Color.
Si bien el obispo de Villarrica, monseñor Ricardo Valenzuela Ríos, afirmó que el año pasado ambos clérigos ya fueron separados de la diócesis y puestos a disposición de su congregación madre, la pregunta es por qué este grupo católico (Oblatos de María Inmaculada) encubre a ambos presbíteros, cuando deberían estar enfrentando a la justicia.
Ahora, la Fiscalía está remitiendo los antecedentes del caso al gabinete del Ministerio Público, para que especialistas determinen a qué figura corresponde asignar la causa.