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Las tres imputadas se presentaron esta mañana en Palacio de Justicia de San Lorenzo, acompañadas de sus abogados, para una audiencia ante el juez Leonardo Ledezma, quien determinará si las mismas guardarán prisión preventiva, como lo requiere la Fiscalía.
Néstor Aquino, representante de Leticia Deggeller, adelantó que plantearán una fianza para procurar que las mujeres gocen de prisión domiciliaria. “Vamos a solicitar la prisión domiciliaria, con régimen de control policial”. Argumentó que “los hechos que se le imputan (a Deggeller) no fueron suficientemente demostrados y las pruebas están muy contaminadas”.
Aseguró que tanto su defendida como Luz Aquino, ambas funcionarias de Talento Humano de la UNA, “actuaron bajo las directrices de la directora de Talento Humano”, la tercera funcionaria imputada, identificada como María del Carmen Martínez Méndez. “Las dos personas estaban en ese lugar (en el Rectorado, donde fueron sorprendidas) por instrucciones (de Martínez) y luego ya no pudieron retirarse”, relató.
A su vez, Carlos Villamayor, abogado de Luz Aquino, consideró que el pedido de que las funcionarias guarden reclusión “es una medida populista” por parte de la Fiscalía. “No se reúne ningún elemento para tratar de sospechar de la conducta de mi defendida y hablar de hurto agravado”, manifestó. Reafirmó que “vamos a solicitar el levantamiento de las medidas y el arresto domiciliario, con control policial. Vamos a ofrecer una fianza de la defensa de G. 150 millones”, manifestó con respecto a la situación de Aquino.
Villamayor insistió en que su representada “solo recibió órdenes para realizar un trabajo. Ella es funcionaria, estaba bajo mando de su superior inmediato (María del Carmen Martínez Méndez); ella estaba realizando trabajos, tratando de ponerse al día, aprovechando el feriado para hacer trabajos y ponerse al día”, argumentó.
Con respecto a por qué las mujeres se ocultaron bajo la mesa al ser sorprendidas hurgando dentro del Rectorado, aseguró que las mismas se asustaron al ver al grupo de estudiantes bloqueando las salidas. “Cuando iban a abandonar el lugar, vieron cierta cantidad de gente y se refugiaron”, manifestó.
El abogado aseguró que incluso la Policía se hizo presente en el lugar porque las funcionarias llamaron al Sistema 911, en busca de auxilio. “Ellas fueron quienes avisaron y pidieron auxilio; la Policía no pudo entrar al campus y entonces se esperó a la Fiscalía”, refirió.
María del Carmen Martínez Méndez acudió al juzgado en acompañía de dos abogados: José Almada y Rodrigo Moreno. El primero comentó que su clienta ofrecerá una fianza de G. 200 millones en bienes y G. 200 millones por parte de la defensa. “Con las garantías que se ofrecen, el peligro de fuga va a estar evitado, que es uno de los requisitos para otorgar (la prisión domiciliaria)”, manifestó al confiar en que el juez aceptará el planteamiento.
En lo que respecta a toda la documentación que se encontró en poder de su representada, el profesional consideró que “es importante determinar la forma en que se levantaron esas pruebas”. Las tres funcionarias de Talento Humano de la Universidad Nacional de Asunción fueron imputadas por los delitos de hurto agravado y frustración de la persecución penal, luego de ser sorprendidas tratando de aparentemente hacer desaparecer documentos del Rectorado.
Los propios estudiantes que permanecen en vigilia en el campus de San Lorenzo debieron intervenir para evitar que las mujeres huyeran con documentos, según relataron. María del Carmen Martínez Méndez ocultó papeles y hasta pendrives entre sus ropas y fue interceptada cuando intentaba salir a bordo de una patrullera de seguridad privada, la noche del jueves.
Luz Aquino y Leticia Deggeller, por su parte, se vieron acorraladas dentro de las oficinas del Rectorado, al verse sorprendidas en actitud furtiva por los manifestantes. Las mujeres intentaron ocultarse hasta bajo los escritorios y pasaron la noche en el sitio. Finalmente, fueron detenidas la mañana del viernes, tras una intervención fiscal.
El principal involucrado en este escándalo de corrupción en la UNA es el propio rector, Froilán Peralta, quien ayer se entregó a la Justicia tras permanecer desaparecido por casi una semana. El mismo fue imputado junto a otros funcionarios de la casa de altos estudios.