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“Nos preocupa que se dejen de prestar servicios a la ciudadanía en momentos de altísima demanda, algunos tipificados como imprescindibles” en la Constitución Nacional y en la ley de la Función Pública, dijo Peralta en conferencia de prensa, en relación a la huelga anunciada para el 21 y 22 de diciembre.
Sostuvo que esto obedece a que han recibido información de que sindicatos del sector público han manifestado su interés en participar de la medida de fuerza, y en ese sentido dijo que está prohibida la participación de aquellos que trabajen en salud, educación, provisión de agua, energía eléctrica, comunicación telefónica, a menos de que la institución garantice plenamente que los mismos no se verán afectados.
“No queremos llegar a que se repitan situaciones anteriores, como plantear la ilegalidad, tampoco queremos llegar a descuentos por días no trabajados, sobre todo a esta altura del año”, advirtió.
Reconoció que hay trabajadores “que tienen derecho a manifestarse”, pero insistió en su preocupación en cuanto a las garantías de que no se interrumpan los servicios citados. “Si efectivamente hay condiciones jurídicas pudiéramos estar hablando que no vamos a llegar a descuentos ni a declaración de ilegalidad”, insistió.
Acotó además que hasta ayer ninguno de los sindicatos del sector público habían informado sobre su adhesión a la huelga general. “Apelamos a reconsiderar si existen causales o no (de llegar a la huelga)”, puntualizó.
Rememoró el caso del paro de trabajadores de la Dinac y en ese sentido mencionó que actualmente están procesando sumarios contra aquellos que se adhirieron a ella, “por abandono de cargos”.
“Los descuentos nos preocupan en la función pública porque ya se pagó aguinaldo, ya se pagaron sueldos, entonces estos descuentos van a tener impacto en el mes de enero, justo el mes más largo. Si alguien ya empieza 2016 con descuento en mano, no es la mejor manera de empezar el año”, manifestó el secretario de Estado, en un intento por desalentar el impacto de la huelga en el sector público.