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Mendoza debía declarar ayer ante el Ministerio Público en el marco de la investigación sobre el mal uso de los recursos de Fonacide que le endilgan. Ahora, la carpeta fiscal queda a cargo de la Fiscalía General, que tiene que designar un fiscal interino hasta que se resuelva la recusación.
El investigado alega que existen dudas de la imparcialidad y objetividad de dicha agente y por ello solicita su separación y la designación de otro fiscal para la causa que se le sigue por lesión de confianza en el manejo del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
En el escrito también se menciona que una de las denunciantes, que sería la concejala colorada Damiana Báez, es amiga de la fiscala y que la misma ya estaría anunciando su imputación y posterior prisión preventiva; además califica de colorada a Pérez.
Por su parte, la fiscala manifestó que la recusación es un derecho procesal y que se enviará el documento a la fiscalía adjunta para su estudio correspondiente y esperar que sea ratificada o la designación de un nuevo agente.
“El Ministerio de Hacienda nos informó que la municipalidad recibió en estos tres años más de G. 3.600 millones y por incumplimiento de varios artículos de la ley de Fonacide se le suspendió las transferencias y además ya hemos verificado las obras realizadas, que presentan varias falencias”, expresó Pérez.
Mendoza, asegura que cuenta con los documentos que demuestran su inocencia. La comparecencia de ayer fue calma, diferente a la primera -del 4 de noviembre-, en la que una turba acompañada de parlamentarios rodeó la Fiscalía.