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Insulza presentó el informe que elaboró tras su visita a Asunción, durante la reunión del consejo permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington.
En el documento expuesto ante el pleno, el secretario general señala que el nuevo Gobierno, a cargo de Federico Franco, funciona con normalidad.
Destacó igualmente que las FF.AA. no intervinieron en el conflicto político, aunque trajo a colación la denuncia de una reunión entre los cancilleres de la Unasur y jefes militares paraguayos.
Igualmente, Insulza recordó que el día de su destitución, el pasado 22 de junio, Fernando Lugo aceptó la decisión del Congreso, que lo destituyó, y se despidió formalmente como Presidente.
Luego de exponer los resultados de las reuniones que mantuvo con varios sectores en Asunción, Insulza señaló -a título personal- que no corresponde una sanción contra el país, sino el envío de una misión que supervise el proceso democrático paraguayo hasta las elecciones generales del 2013.
“La secretaría general considera altamente conveniente el despliegue de una misión que facilite el diálogo político e informe periódicamente al pleno”, refirió.
Indicó que esta delegación tendrá como objetivo observar que se cumplan las garantías con miras a los comicios y evitar represalias entre los sectores, especialmente contra Lugo.
“La suspensión de la OEA conllevaría altas consecuencias económicas y sufrimientos innecesarios para el Paraguay”, manifestó ante el consejo permanente.
Propuso que el organismo se constituya en una instancia para “involucrar a los actores políticos paraguayos en la superación de la situación política actual”.
“Más que impulsar sanciones, deberíamos unirnos en torno a estos objetivos. Tenemos los instrumentos eficaces para obtener estos fines”, reafirmó.
Insulza señaló igualmente que la OEA debe aguardar que la Corte de Paraguay se expida sobre la nueva acción de inconstitucionalidad que presentó Lugo contra el juicio político.
Posteriormente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) deberá sentar una postura sobre este conflicto, según propuso.
“Estos constituyen la voz oficial de la OEA en materia de derechos humanos y a esos órganos le corresponde pronunciarse sobre estas circunstancias”, reafirmó.
En el informe presentado, el secretario general de la OEA también reiteró que hay posturas dispares sobre el tiempo que el Congreso brindó a Lugo para su defensa en el juicio político, aunque reconoció que todo el proceso se ajustó a la Constitución.
De esta manera, propuso que en el país se realicen reformas legales que permitan mejorar las garantías a la hora de aplicar este tipo de medidas.