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El Decreto N° 309, de fecha 24 de septiembre del corriente año, destaca que el hacinamiento existente en las cárceles hace que los reclusos no cuenten con espacios mínimos y que las condiciones de higiene no sean las adecuadas.
Agrega que esta situación atenta de manera directa contra el objetivo de las penas, razón por la cual, el Ejecutivo considera indispensable otorgar una respuesta eficaz y eficiente para mejorar la infraestructura en los centros penitenciarios, en cuanto a reparación y construcción de nuevos establecimientos.
Con la declaración de emergencia, el Ejecutivo encomienda al Ministerio de Hacienda, la atención preferencial, en carácter de prioridad, los procedimientos requeridos por la cartera de Justicia para la transferencia de créditos presupuestarios, así como para la obtención de los mismos por los mecanismos legales asignados al efecto (ampliación, modificación o reprogramación presupuestaria).
En junio de 2016, ya se había decretado en estado de emergencia estructural física a las penitenciarías del territorio nacional, de tal forma a acelerar los procesos administrativos para el mejoramiento de las condiciones edilicias. A poco más de dos años la medida se repite, evidenciando que en aquella ocasión poco y nada se hizo para mejorar la situación.