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La ley 4.005, aprobada por el Congreso en 2010, en ocasión del secuestro de Fidel Zavala, permite que la Fiscalía bloquee las cuentas bancarias de las familias afectadas por un secuestro. En el caso del menor Arlan Fick, inexplicablemente, el gobierno de Horacio Cartes, a través de sus fuerzas de seguridad, nunca pidió el bloqueo de las cuentas bancarias de la familia.
Recién hoy, 36 días después del secuestro, las cuentas han sido bloqueadas pero a pedido de la propia familia; la iniciativa ni siquiera provino de la Fiscalía o del Ministerio del Interior.
El exministro del Interior Rafael Filizzola, bajo cuya gestión fue aprobada la ley, lamentó que se haya abandonado a la familia. “No se les dio asistencia inmediata, el Gobierno tenía que hacerse cargo de las negociaciones”, manifestó.
“Desde el 2008, el Gobierno ha estado asistiendo a familias de secuestrados con cooperación de paraguayos y extranjeros. Pasó en el caso Zavala y pasó en el caso Lindstron. En este caso, el Gobierno tuvo una actitud distinta y decidieron alejarse de los Fick”, agregó.
“Normalmente, desde el primer momento, las fuerzas de seguridad rodean a las familias y las acompañan. El primer reclamo de los secuestradores es que la Policía se aleje y hacen este pedido porque lo que desean es dejar a los familiares en situación de desventaja, y eso no puede ser”, añadió.
Consultado Filizzola sobre quién tenía que haber bloqueado las cuentas bancarias, el exministro dijo que es una responsabilidad del Gobierno solicitarlo a la Fiscalía y ésta, a su vez, a un juez. Recordó que en 2011, durante el secuestro del niño menonita Javan Ray Yoder, el Gobierno enseguida bloqueó los bienes de la familia del niño. Lo mismo ocurrió durante el secuestro de Dalia Scappini, cuando también bloquearon las cuentas. En ninguno de estos secuestros, los criminales lograron obtener dinero alguno.
Consultado sobre cuál fue el espíritu del bloqueo de las cuentas bancarias, Filizzola explicó que es para que las fuerzas de seguridad y especialistas asistan a las familias. “En un secuestro se tiene por un lado a profesionales y por otro lado una familia que no tiene conocimientos para llevar adelante una negociación”.
“El Gobierno garantizará que la familia esté asesorada. Congelar los bienes es una medida de muchos países para desalentar secuestros, que no sea un medio para un lucro delincuencial. Si la familia no está en condiciones de pagar, el secuestro deja de ser un negocio”, afirmó el exministro.
“El secuestro implica una logística, y si no hay posibilidades de cobrar un dinero relevante, el costo-beneficio de la acción desalienta el secuestro”, agregó. “Nosotros queríamos acabar con el mal llamado negocio del secuestro. En el 2010 tuvimos cuatro secuestros y desde el 2011 bajamos a secuestros “cero”, finalizó el exministro del Interior.
De acuerdo al artículo 1º de la ley especial Antisecuestro, “el Ministerio Público, una vez que tenga conocimiento de la comisión de un delito de secuestro, podrá disponer de medidas a fin de salvaguardar los intereses de las víctimas mientras permanezcan privadas de su libertad y previa autorización judicial, el aseguramiento de los bienes de las mismas y de sus familiares, así como de aquellos bienes respecto de los cuales se conduzcan como dueños”.
La limitación de las operaciones bancarias abarcará las sumas que por su cuantía se presuman puedan tener como destino el pago del rescate.
Esa medida, también tomada en decenas de otros países, fue empleada en varios secuestros extorsivos de alto perfil en Paraguay en los últimos años.
El primero de los casos se registró en abril de 2011 durante el secuestro del niño menonita Javan Ray Yoder Schlabach.
El pequeño permaneció en cautiverio durante nueve horas. Ante esta situación, las autoridades bloquearon las cuentas de la familia del secuestrado a lo largo de ese tiempo.
Los secuestradores habían pedido hasta US$ 100.000 para liberar al niño.
Meses después, Dalia Scappini era raptada en Asunción. La joven permaneció en cautiverio durante cinco días. Los bienes de la familia fueron congelados y su control devuelto a la familia luego de que la mujer fuera liberada sana y salva en Capiatá.
El caso Scappini fue el último de privación ilegítima de libertad que se tuvo en Paraguay, hasta que el 2 de abril pasado miembros del grupo criminal EPP raptaron de su casa al joven Arlan Fick.
Recientemente, el grupo criminal exigió la entrega víveres por valor de US$ 50.000 a comunidades pobres de la zona de Concepción. La familia Fick cumplió con tales requerimientos, pero hasta el momento no se liberó a Arlan.
Pese a la existencia de la ley Antisecuestro y a los antecedentes citados, el Gobierno no bloqueó las cuentas de la familia del joven secuestrado.
Fue la propia familia la que -a 36 días del secuestro de Arlan- tuvo que solicitar la cancelación de sus cuentas bancarias.