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La organización Tierraviva, que ejerce la representación legal de la comunidad indígena del pueblo ayoreo, presentó una querella en contra de Rubén Quesnel por lesión de confianza y por producción de documentos con contenido falso, explicó el abogado Óscar Ayala, extitular del Indi.
La querella también está dirigida a Julia Beatriz Vargas Meza, compradora de las tierras, quien sería prestanombre de una familia de empresarios sojeros de apellido Sarabia, y Maribel Esteche Bareiro, escribana que realizó la escritura. En la mencionada documentación, Vargas Meza figura como ocupante de la finca vendida, mientras que no menciona a la comunidad indígena que habita en el sitio desde el 2010.
Llamativamente, la escribana Esteche ya aparece en una transferencia fraudulenta de la misma propiedad, mediante documentos públicos de contenido falso. La notaria incluso fue demanda por la Procuraduría General de la República.
La querella fue presentada el miércoles ante el Juzgado Penal de Garantías N° 8 quedando a cargo de la Jueza Griselda Caballero. Poco después la fiscala Alba Delvalle imputó por lesión de confianza a Quesnel, a Vargas y a la abogada Carmen Orlandini, del Indi, en carácter de cómplices.
En noviembre del 2012, Quesnel transfirió la finca 10.245, donde habita la comunidad Cuyabia del pueblo ayoreo. La transferencia del inmueble se hizo en G. 1.250 millones (G. 50.000 la hectárea) a favor de Julia Beatriz Vargas Meza, oriunda de Ciudad del Este y abogada de la empresa Agrofertil. Vargas Meza figura también como directora ejecutiva del Centro Tecnológico de Desarrollo e Investigación (Cetedi). Ambas empresas pertenecen a una familia de empresarios brasileños de apellido Sarabia.
La transacción fue concretada por un valor inferior al 10 por ciento del valor real del mercado y además viola las disposiciones del Artículo 64 de la Constitución Nacional, que establece que los pueblos indígenas “tienen el derecho a la propiedad comunitaria de la tierra” y se prohíbe “la remoción o traslado de su hábitat sin el expreso consentimiento de los mismos”.
Luego de la denuncia y de insistentes publicaciones de ABC Color, Quesnel emitió una resolución mediante la cual revoca la aprobación de la transferencia. Sin embargo, como el hecho fue consumado, solo el Poder Judicial tiene la capacidad de cancelar la transferencia y Quesnel no quedó eximido de su presunta responsabilidad penal.
Antes de ser destituido, Quesnel renunció a la titularidad del Indi. Sin embargo, aún se aguarda un reemplazante para ocupar el cargo.