El vicelíder de la comunidad, Leonardo González, dijo en una rueda de prensa que espera que Cartes firme la ley lo antes posible “porque es un justo reclamo después de 23 daños al costado de la ruta (carretera) sin poder acceder” a los terrenos.
La tierra, ubicada a unos 270 kilómetros al noroeste de Asunción, es considerada parte del territorio ancestral del pueblo Enxet, una de las etnias que componen la población de aproximadamente 116.000 indígenas de Paraguay.
El proyecto de ley, presentado el año pasado, responde a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) , que condenó al Estado paraguayo en 2006 por violar los derechos de esta comunidad y le dio de plazo hasta 2009 para devolverle los terrenos.
Cartes puede promulgar o vetar la propuesta legislativa, que el Senado y la Cámara de Diputados aprobaron casi por unanimidad.
“Sin tierra estamos muertos, queremos volver”, dijo Aparicia González, de 43 años, en su idioma nativo, el enxet, en una comparecencia organizada en Asunción por las ONG Tierraviva y Amnistía Internacional, que han acompañado el caso desde la expulsión de la comunidad de su tierra.
Desde entonces el terreno está en manos del empresario ganadero alemán Heribert Roedel, condenado en su país en la década de 1980 por estafar a inversores alemanes con un esquema de venta fraudulenta de tierras en Paraguay.
Los Sawhoyamaxa, que pertenecen al pueblo Enxet Sur, viven hasta ahora en precarias condiciones al lado de una carretera regional, donde montaron sus sencillas casas de madera a la espera de recuperar su tierra con sus acciones legales.
González, el portavoz de los Sawhoyamaxa, recordó que su comunidad ha sufrido represalias, persecuciones y vejaciones por parte del propietario, que nunca quiso ceder el terreno al Estado a pesar de los reiterados intentos de negociación realizados hasta la fecha.
Paraguay es el único país en toda la región que tiene en su contra tres sentencias incumplidas de la CorteIDH en materia territorial indígena, según Tierraviva.
“Sawhoyamxa no solo pide la restitución de sus tierras también exigimos al Gobierno y a los poderes públicos que se haga justicia con otros hermanos indígenas que están problemas similares”, aseveró González.
El líder comunitario pidió que se ponga atención a los casos de desalojo de indígenas de sus tierras, como el ocurrido el 20 de mayo en la comunidad Y'apó en Corpus Christi, departamento de Canindeyú, cuando la Policía destruyó más de 100 viviendas, templos y lugares sagrados, según denunció la Coordinación Nacional de Pastoral Indígena.
“Pasamos muchas dificultades, vinimos hasta Asunción y siempre nos dieron la espalda, no nos escuchaban, hemos sido muy discriminados en nuestra lucha, esperamos que ahora cambie”, añadió González.
Si el Ejecutivo promulga la ley se hará una tasación del valor de las tierras.
En 2012 el Ministerio de Obras Públicas cifró en 920 dólares la hectárea, lo que colocaría el valor total en unos 13 millones de dólares, según explicaron a Efe los portavoces de Amnistía y Tierraviva.
El empresario pedía 2.750 dólares por hectárea el año pasado, una cifra que dejaría la tasación en casi 40 millones de dólares.