Cargando...
La Resolución Nº 274/2013 revoca la autorización de la venta del inmueble ubicado en el departamento de Boquerón y ordena la Asesoría Jurídica del Indi a “iniciar las acciones pertinentes para obtener la nulidad de la Escritura Pública Nº 74 del 15 de noviembre de 2012”.
Quesnel había asegurado en una conferencia de prensa que la compradora Julia Beatriz Vargas Meza, quien aparentemente representa a un poderoso grupo empresarial de sojeros, ya podía solicitar la devolución de su dinero.
“Como se llegó a materializar la transferencia, la nulidad se puede concretar solo en ámbito judicial”, explicó el abogado Oscar Ayala, representante legal de la comunidad Cuyabia y funcionario de la organización Tierraviva. Sin embargo, aclaró que el reconocimiento expreso del Indi podría facilitar el trámite de nulidad.
La comunidad promulgó una demanda de nulidad y lo que correspondería es que el Indi se allane a la demanda para agilizar la sentencia, explicó.
La organización Tierraviva emitió un comunicado pidiendo que Quesnel sea destituido, procesado y enviado a la cárcel. Acusaron al actual titular de la institución estatal de pretender reducir “la grave violación constitucional a una cuestión administrativa”.
“Las tierras de los ayoreos fueron vendidas en noviembre pasado con toda la comunidad indígena Cuyabia habitando en ella, un hecho sin precedentes, que demuestra la voracidad sin límites de la corrupción que rodea el caso”, destaca el documento.
La organización exigió el cese inmediato de las funciones del presidente del Indi, considerando que “su permanencia en el mismo pone en riesgo el patrimonio indígena, el tesoro público y obstaculiza la investigación penal”.
“Su eventual continuidad en la presidencia del ente, será interpretada como una situación de complicidad y connivencia delictual del propio Poder Ejecutivo”, sostienen.
Aseguraron también que promoverán una querella criminal en contra de Quesnel y todos los demás funcionarios y personas involucradas en “el grave hecho de despojo que tiene por víctimas a los ayoreos de Cuyabia”.
Del mismo modo, la demanda de nulidad de la venta seguirá vigente, ya que es considerada la única vía para dejar sin efecto la transacción. La organización exigió también, la delimitación, demarcación y saneamiento definitivo de las 25.000 hectáreas vendidas ilegalmente. Además, exigen la reparación integral a las víctimas así como la titulación definitiva del inmueble a favor de los indígenas.