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La imputación presentada el pasado sábado contra Ibáñez es por estafa y otros delitos, según explicaron altas fuentes. Los fiscales pidieron al juzgado que solicite el desafuero del indagado, informó el periodista Osvaldo Cáceres.
La causa se inició con una investigación del diario ABC Color, que reveló que los hermanos Viviana y Éver Isaac Falcón, así como Favio Ernán Gómez Chamorro, figuraban como funcionarios de la Cámara de Diputados, pese a que en realidad ejercen funciones de “caseros” en la quinta del legislador Ibáñez, en Areguá.
Mediante testimonios, filmaciones y grabaciones, la Fiscalía concluyó que los caseros solo asistieron a Diputados luego de las publicaciones en este diario.
La imputación también afectó a la abogada Lorena Plabst, esposa de Ibáñez, y a los tres caseros. Los delitos contra Ibáñez son cobro indebido de honorarios, estafa y expedición de certificado sobre mérito y servicio de contenido falso.
La imputación afectó a los caseros Viviana y Éver Isaac Falcón, así como a Favio Ernán Gómez Chamorro, debido a que ellos tuvieron conocimiento de que figuraban como funcionarios de Diputados, pero optaron por no dar detalles de la causa.
El juez de la causa es Rubén Riquelme, quien debe pedir el desafuero de Ibáñez el próximo año a la Cámara de Diputados, luego del receso parlamentario.
La Fiscalía también inicio de oficio la investigación a Marcial Speranza, también empleado de Ibáñez, quien fue beneficiado por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), con 4.000 hectáreas ubicadas en Infante Rivarola, Boquerón.
Supuestamente, Speranza no reunía las condiciones para ser adjudicado con las tierras en el Chaco, porque tiene un salario de G. 3 millones, lo cual es insuficiente para semejante inversión.