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Es por la presunta contratación de profesionales, con un perfil técnico, entre el 2008 y 2013, quienes recibieron el pago de honorarios, sin embargo no habrían prestado servicio alguno a la institución.
Entre las personas que fueron contratadas, figuran algunas que señalaron –en sus respectivos currículos- poseer títulos universitarios, con el objetivo de llenar el perfil técnico requerido para los contratos, sin embargo se comprobó que no contaban con el nivel académicos declarado.
Otro grupo de personas sí tienen calidad académica requerida, pero igualmente habrían cobrado sin haber realizado ningún trabajo. Durante las tres administraciones siempre fueron contratadas las mismas personas y nunca fueron realizados los trabajos encomendados y tampoco fue controlada la asistencia de los contratados, debido a que tenían la obligación de hacerlo.
Las otras personas imputadas son: Cantalicio Salvador Invernizzi Otazú, Hugo Ramón López Sanabria, Agustín Perdomo Ortiz, Edgar Gustavo Cuevas Nuñez, Evert A. Soria Villalba, Guillermo Alcides Alcaraz Reisinger, Lidia Fabiola Grijalba, Medes Justo Mendoza, Oscar Stark Robledo, Alcides Ramón Velázquez Bogado, Blanca Aveiro de Koslowsky.
La nomina prosigue con: Patricia Raquel Arce de Santacruz, Celso Alejandro Bareiro Recalde, Silvia Lys Benavides Ortega, Estela Valdez López, Jorge Rafael Barboza Franco, Pedro Héctor Benítez Galeano, Alice Concepción Velilla Carreño, Claudio Villasanti Wilneder, Abel Carlos Javier Crotta Fleitas y Francisco Solano Iberbuden Florentín.
Igualmente, figuran Cynthia María Liz Zarza Ocampos, Efren Darío Silva, Lilian Verónica Troche, Emilio José Gómez, Sindulfo Barrios Paredes, Gilberto Vázquez López, Rogelio Benitez Arce, Jorge Daniel Ozorio Vera, Aníbal Fabián Jiménez Ruíz Díaz, Ronaldo Eno Dietze Junghanns, María Elena Velilla de Pusineri, Fortunato Saldívar, María del Pilar Callizo Lopéz Moreria, Julio Cesar Romero Pedrozo, Fabiola Aidée Burgos de Bogado, Ricardo Herreros Usher, Fermín Giménez Fariña, Luis Emilio Rocholl Givogre, Cesar Enrique Nogués Ramírez, Carlos Joaquín Castro Alvarez, Gloria Elisabet Portillo Báez, Jose Luis Salomón Bittar, Fernando Luis Masi Fadlala, Iván Daniel Prieto Corvalán y Carlos Alberto Rivarola Casaccia.
El nombre Pilar Callizo también aparece en la imputación y se señala que ella fue contratada desde el año 2010 hasta el año 2013, por el MIC, en el marco del Proyecto Focem (Fondo para la convergencia estructural del Mercosur) para realizar consultorías con el objeto de llevar a cabo un proceso participativo que incluya a todos los sectores involucrados a efectos de la elaboración de un anteproyecto de ley para las Pequeñas y Medianas Empresas (Anteproyecto de ley de MIPYMES) para ser presentado al Congreso Nacional.