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La fiscala Sara Torres, de Santa Rosa del Aguaray, ayer a la tarde libró orden de captura en contra del dirigente campesino de la zona de Pedro Jiménez, Ranulfo Vázquez, y esta mañana lo imputó por transgresión a la ley 4036/2010 (Ley de Armas). "Ayer se libró la orden de captura y de inmediato comunicamos a la Comandancia de la Policía Nacional, y queda a cargo de ellos efectivizar", expresó Torres.
Y esta mañana se dio la imputación, en principio por instigar a la transgresión de la Ley de Armas, y anuncia que no se descarta ampliar la imputación.
Esta medida se dio tras la invasión de un inmueble en el asentamiento Pedro Jiménez del distrito de Santa Rosa del Aguaray. La fiscala solicita informes al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), para determinar a quién pertenece la propiedad y determinar otras medidas que amerite el caso.
Los campesinos encapuchados y armados permanecen en el inmueble y responsabilizan al Indert del conflicto, ya que actualmente el terreno está siendo explotado por Teresio López, un ganadero de la zona, y que no es sujeto a la reforma agraria. "Por lo tanto, el Indert deberá desalojarlo, ya que por corrupción de funcionarios el inmueble paró en manos de un ganadero", advirtió Vázquez.
Cada vez suena más fuerte en la zona que existe orden superior para que la Policía Nacional no actúe en estos casos. "Están de brazos caídos", expresan fuentes del Ministerio Público que, por temor, solicitan el anonimato, mientras que una gran cantidad de efectivos policiales en el distrito de Chore resguardan el trabajo de agricultura en una estancia.
Y esta mañana se dio la imputación, en principio por instigar a la transgresión de la Ley de Armas, y anuncia que no se descarta ampliar la imputación.
Esta medida se dio tras la invasión de un inmueble en el asentamiento Pedro Jiménez del distrito de Santa Rosa del Aguaray. La fiscala solicita informes al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), para determinar a quién pertenece la propiedad y determinar otras medidas que amerite el caso.
Los campesinos encapuchados y armados permanecen en el inmueble y responsabilizan al Indert del conflicto, ya que actualmente el terreno está siendo explotado por Teresio López, un ganadero de la zona, y que no es sujeto a la reforma agraria. "Por lo tanto, el Indert deberá desalojarlo, ya que por corrupción de funcionarios el inmueble paró en manos de un ganadero", advirtió Vázquez.
Cada vez suena más fuerte en la zona que existe orden superior para que la Policía Nacional no actúe en estos casos. "Están de brazos caídos", expresan fuentes del Ministerio Público que, por temor, solicitan el anonimato, mientras que una gran cantidad de efectivos policiales en el distrito de Chore resguardan el trabajo de agricultura en una estancia.